Las distintas «planchas» de jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están en «campaña» para las votaciones de la nueva junta directiva de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (AJUMANIC), mientras el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha descabezado a más de 600 organizaciones y asociaciones sin fines de lucro desde diciembre de 2018.
Los jueces, magistrados y fiscales del Poder Electoral de Nicaragua han sido señalados de ser cómplices de la dictadura Ortega Murillo en su papel represivo, al acusar, juzgar y condenar a centenares de presos políticos desde abril de 2018.
«Mientras tanto, en una realidad paralela, una de a las organizaciones a las que no se les toca su personalidad jurídica, como es la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (AJUMANIC), en su campañas electorales compiten por demostrar quienes se arrodillan más al régimen», escribió en su cuenta de Twitter el exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán.
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La asociación de funcionarios de la CSJ nació el 26 de julio de 1995, durante el gobierno democrático de Violeta Barrios de Chamorro, ha funcionado por 27 años. Esta organizada a nivel nacional a través de las 19 directivas departamentales. La presidenta de Ajumanic es Maribel Parrilla Castillo, jueza de Distrito Penal de Audiencia de Matagalpa.
Parrilla, presidenta de AJUMANIC, emitió en 2020 una orden judicial para el allanamiento, secuestro de bienes, registro y detención de personas, por una investigación de supuesta tenencia ilegal de armas de fuego en contra del activista y abogado opositor de Matagalpa, Edgar Payán Castillo, miembro de la Alianza Cívica y de la Coalición Cívica por Matagalpa.
Abogaban por jueces investigados por corrupción
En el año 2011, AJUMANIC criticó la actuación de la CSJ por aplicar sanciones sin goce de salario a jueces y magistrados que eran investigados por supuestos actos de corrupción en Siuna y las narcoliberaciones de diciembre de 2010 en Granada. La molestia de los directivos de la asociación fue que a los jueces investigados les suspendieron su salario mientras estaban separados del cargo por las pesquisas.
En ese momento, la eterna presidenta de la CSJ, la magistrada sancionada Alba Luz Ramos, criticó la posición de AJUMANIC y aseguró que era bastante paternalista, y que defendían a los investigados porque tenían temor de perder esos votos en el gremio, según El Nuevo Diario.
AJUMANIC viola sus estatutos
Según los estatutos de AJUMANIC, uno de sus objetivos principales es «luchar por la total independencia del Poder Judicial, elemento indispensable para la instauración de un verdadero Estado Social de Derecho, premisa fundamental en un país donde prevalece la democracia».
En la práctica, dicha asociación y el Poder Judicial responden a los intereses de la pareja dictatorial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido de gobierno.
Otro de los estatutos de la organización es «conquistar con el actuar individual y colectivo la confianza y el respeto ciudadano, en el accionar de la justicia y de los jueces para resolver sus diferendos por los cauces civilizados del Derecho», pero lo que han «conquistado» es el rechazo de la población hacia los jueces y magistrados que condenan y envían a prisión a los opositores.
La «guillotina» a las ONG
En los últimos meses, la dictadura ha ordenado a sus fieles diputados ante la Asamblea Nacional, que elimine a centenares de organizaciones no gubernamentales y asociaciones sin fines de lucro, pero la asociación de sus magistrados y jueces fieles continúa intacta.
Los directivos de las ONG denunciaron que el Ministerio de Gobernación (Migob) les impuso una serie de trabas como no recibir la documentación de sus nuevas juntas directivas, estados financieros, entre otras, dificultades que no pasan las organizaciones afines a la dictadura como AJUMANIC.