El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo decretó dos alertas a pocas horas de la llegada del ciclón. Guillermo González, ministro director del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), emitió dos comunicados, de manera simultánea, en el que se declara alerta verde y alerta amarilla para todo el territorio nacional.
La verde se emitió por el acercamiento de la depresión tropical número dos que establece la preparación de los comités municipales y departamentales ante huracanes, y la activación de los mecanismos de comunicación con las comunidades en riesgo.
El régimen decretó inmediatamente la alerta amarilla ante la formación de la tormenta tropical Bonnie, cuando el fenómeno se encontraba a unos 300 kilómetros del caribe nicaragüense. Esta medida mandata la ejecución de los planes de respuesta en los territorios que se encuentren potencialmente afectados.
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Un retrato hablado del preso político Félix Maradiaga refleja el grave deterioro de su salud física a un año de encierro en la cárcel «El Nuevo Chipote». Su esposa, Berta Valle denunció que el preso político ha perdido unas 60 libras de peso, su color de piel se ha puesto amarillento, debido a que le limitan la toma de sol a 10 minutos por semana y además, el pelo se le está cayendo.
Maradiaga sigue sometido a torturas, mal alimentado y en más de un año preso solo le han permitido verlo en ocho ocasiones. «Está en una situación desesperante que tomó la decisión de la huelga. Asumiría los riesgos. La situación de incomunicación es insostenible. Demanda el cese a la incomunicación, el confinamiento», dijo Valle, perseguida por el régimen de Ortega.
La Fiscalía dio otro giro a la acusación montada contra el sacerdote Manuel Salvador García, después que la supuesta víctima, Martha Candelaria Rivas Hernández, desmintiera a los fiscales.
El Ministerio Público optó por buscar al ciudadano Humberto José López Sánchez, a quien identifica como exesposo de Rivas, para acusar formalmente al religioso por el delito de violencia física y psicológica contra Martha Rivas.
Según los funcionarios del régimen, Humberto López es el «testigo clave» que relatará la presunta agresión del cura contra su expareja, reveló el medio digital Despacho 505.
También será el encargado de acusar al párroco de sostener una relación sentimental con Martha Rivas, y autorizó que su hija de 15 años brindara una segunda declaración de los hechos después que la menor sostuviera que todo se trató de un accidente. Mientras tanto, Rivas, de 57 años, se encuentra presa y será llevada a juicio la próxima semana, acusada por la Fiscalía de falso testimonio.
El observatorio independiente Urnas Abiertas reveló que el régimen ejecuta «nuevas formas de violencia política y terror» contra los opositores, desde las cuestionadas elecciones presidenciales de 2021.
El informe titulado «Nicaragua: entre el fraude y el terror» señala que el «horizonte electoral-municipal para este 2022 no es favorecedor» al no observarse cambios en las condiciones democráticas necesarias para llevar a cabo comicios legítimos.
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Detalla que, desde el inicio del año, hubo una continuidad de la violencia política con asedios, persecuciones, tratos inhumanos y torturas. La presencia de policías, militares y paramilitares en hechos de violencia política disminuyó levemente en los primeros cinco meses, lo que ha dado pie a la participación de actores institucionales en la estrategia represiva como Migración, Asamblea Nacional, Poder Judicial, Fiscalía, entre otros. Urnas Abiertas hizo un llamado a las autoridades nacionales a restablecer las condiciones democráticas para lograr un proceso electoral creíble, íntegro y legítimo.
La Unión Democrática Renovadora (Unamos) denunció que la continuidad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder «está sumiendo al país en una crisis social, política y económica cada vez más dramática».
La agrupación política señaló que «los pocos recursos del Estado son destinados a fortalecer los órganos represivos como la Policía, Ejército y paramilitares», mientras continúan encarcelando personas, al tiempo que los habitantes no encuentran comida ni empleo y optan por salir del país.
