El alcalde sandinista de Rivas, Wilfredo López, quien apoyó el fallido Canal Interoceánico, fue detenido el sábado, 25 de junio, por el presunto delito de malversación de fondos, según fuentes.
El edil es señalado de sobrevalorar el proyecto de viviendas de interés social llamado «Casas para el Pueblo Bismarck Martínez», de inscribir propiedades a nombre de terceros y de malversar más de dos millones de córdobas en el proyecto de remodelación del parque de la ciudad.
Reportes indican que, el día del arresto, la Policía allanó su vivienda, le decomisó tres vehículos y lo envió a Managua, donde se encuentra retenido. También habría sido destituido el jefe de recaudación de la municipalidad. Sin embargo, las fuentes afirman que el trasfondo es una desavenencia con otros dirigentes sandinistas del departamento.
La justicia del régimen decidió adelantar el juicio contra el sacerdote Manuel Salvador García, de 57 años, por el presunto delito de violencia física y psicológica en perjuicio de una ciudadana que desmintió los hechos y no lo denunció. Reportes indican que la fecha tentativa del juicio era el 8 de julio, pero la jueza Ana Xóchilt Fonseca lo programó para el primero.
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Por su parte, la Fiscalía debía presentar este lunes más supuestas pruebas para inculpar al religioso, quien no fue denunciado por ninguna víctima. El cura de Nandaime ya fue condenado a dos años de prisión por el supuesto delito de amenazas con arma contra cinco personas.
El ministro de Hacienda, Iván Acosta, se quejó de las sanciones aplicadas por Estados Unidos y Europa contra los funcionarios del régimen de Nicaragua y países aliados.
En declaraciones al medio gubernamental ruso RT (Russia Today), Acosta señaló que«las sanciones son una forma no civilizada de hacer política» y utilizar el comercio y las operaciones financieras para, según él, agredir países «equivale a un tanque rodando».
El funcionario sancionado reconoció que las medidas «son relevantes» y, al momento, han afectado el comercio, el servicio bancario y han tenido un efecto negativo en el transporte, los puertos y la logística. Sin embargo, afirmó que continúan haciendo esfuerzos para garantizar el comercio, las inversiones y el intercambio en diferentes áreas.
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El régimen de Daniel Ortega, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor), ordenó este 27 de junio sacar de la parrilla de programación de la empresa Telecable la señal de TV Merced, el Canal Católico de la Diócesis de Matagalpa.
«Al mediodía del lunes 27 de junio del 2022, hemos sido notificados por la gerencia de Telecable, que por orientaciones de Telcor, TV Merced, Canal católico de Diócesis de Matagalpa, es eliminado de la parrilla de programación de dicha empresa en Matagalpa y Jinotega», detalla un comunicado emitido por la dirección ejecutiva del medio departamental.
En el documento, TV Merced recordó que desde su fundación, el 8 de septiembre de 2013, ha acompañado la misión pastoral de la Iglesia Diocesana, llevando el mensaje del Señor, «así como consuelo y esperanza a los ancianos, enfermos y pueblo fiel de Dios que peregrina en nuestra iglesia particular» .
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo nacionalizó a dos hijos del exfuncionario hondureño prófugo de la justicia Ebal Díaz.El Ministerio de Gobernación de Nicaragua otorgó el beneficio a los dos menores de edad por «extensión familiar»,días después de convertir en nicaragüenses a Ebal y a su esposa, Jahel Rivera Pantoja.
Los adolescentes son originarios de México y tienen la nacionalidad hondureña. Ahora también gozan de la nicaragüense gracias a sus padres, quienes se refugiaron en Nicaragua ante la persecución de exfuncionarios señalados de cometer presuntos actos corrupción en el gobierno de Juan Orlando Hernández.
La Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN) y la Red de Derechos Humanos (RIDH) realizaron un informe dirigido por el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) que, a través de entrevistas a víctimas de la represión, reveló los padecimientos físicos y psicológicos de los excarcelados políticos. El documento indica que estos sufren la «muerte civil» y ya no se sienten ciudadanos completos.
Por su parte, en una opinión pública, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas instó al régimen a liberar inmediatamente a trece personas presas políticas, realizar una investigación «exhaustiva e independiente»sobre las detenciones y adoptar medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos, incluido el exgeneral en retiro Hugo Torres, fallecido en su condición de preso político.
