El régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, solicitó la cancelación de la personalidad jurídica de otras 101 organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta.
En el caso de la Asociación Misioneras de la Caridad, la publicación Aleteia denunció el pasado 18 de junio que el régimen de Ortega clausuró las obras de caridad de dicha organización después de más de cuarenta años de servicio a los más pobres.
«Como parte de la intensa cacería que ha emprendido el régimen en contra de la Iglesia católica —por considerarla opositora y golpista—,y de la sociedad civil organizada, fueron clausuradas las obras de caridad de las Misioneras. Y, muy probablemente, haya terminado su estancia en Nicaragua», dijo Aleteia.
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De acuerdo al decreto legislativo, la cancelación de estas organizaciones está previsto ser discutido por los diputados el próximo martes 28 de junio en el hemiciclo de la Asamblea Nacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia de supervisión de diez medidas cautelares a personas presas políticas en Nicaragua. Los informes presentados por diversas organizaciones de derechos humanos indican que, hasta la fecha, el Estado se encuentra en absoluto incumplimiento de lo requerido por la comisión: 44 de las 60 personas beneficiarias continúan privadas de libertad por motivos políticos; continúan sin acceder a medicamentos y atención médica oportuna, a pesar de padecer enfermedades crónicas y al menos nueve encarcelados se encuentran en celdas de máxima seguridad en el penal de Tipitapa.
La organización Amnistía Internacional alertó que el régimen de Daniel Ortega ha «intensificado su táctica de represión con una oleada de arrestos» desde mayo de 2021, a las puertas de las elecciones presidenciales. En el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la organización de derechos humanos indicó que el régimen respondió con «medidas sin precedentes» contra opositores, a partir de la crisis política de 2018.
La situación ha obligado a más de 100 mil nicaragüenses a salir del país para huir de la represión, tras sufrir acoso policial, campañas de desprestigio y amenazas. Amnistía Internacional también denunció que los más de 100 recluidos se encuentran en condiciones precarias, sufren malos tratos y en régimen de incomunicación.
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La Fiscalía presentará más presuntas pruebas contra el sacerdote Manuel Salvador García, luego que la supuesta víctima aceptara que el religioso no la golpeó intencionalmente. El diario La Prensa reveló que el caso estará a cargo de una nueva jueza, Ana Fonseca Laguna, quien aceptó que la Fiscalía amplíe las pruebas y, a su vez, programó el inicio del juicio para el primero de julio. El párroco de la iglesia El Calvario ya fue condenado a dos años de prisión, después que cinco personas lo denunciaran por el supuesto delito de amenazas con arma.
Al respecto, la defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez cuestionó a los fiscales por no seguir el procedimiento según la ley. A través de su cuenta en Twitter preguntó que «si hay indicios fehacientes (como) el testimonio de la víctima que niega los hechos y, de paso, la procesan por falso testimonio ¿qué razón tiene encarcelar al padre?».
El Ministerio de Salud (Minsa) se apoderó oficialmente de las antiguas oficinas del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra bajo el pretexto de hacer del lugar un centro de salud. A pesar que la organización feminista había donado las instalaciones a la Fundación Teletón, el régimen lo convirtió en el centro de salud familiar y comunitario «Dra. Erlinda López», el cual fue adornado con fotos de la pareja dictatorial y otras figuras partidarias.
Según el régimen, el centro atenderá las especialidades de pediatría, medicina interna, gineco-obstetricia, entre otras, y beneficiará a más de 60 mil habitantes de la zona, aunque solo delegó a un médico, una enfermera y un auxiliar en el lugar.
Diversas organizaciones opositoras hicieron un llamado a los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) a no permitir que un representante del régimen asuma la Secretaría General de ese organismo. La demanda de los nicaragüenses se da luego que los ministros de Exteriores centroamericanos dieran el «visto bueno» a Werner Vargas para ocupar el alto cargo, tras varios intentos de Ortega de colocar en la silla a sus funcionarios más conocidos.
La oposición manifestó que es «inaceptable» que se entregue la representación a un «gobierno ilegítimo y acusado de crímenes de lesa humanidad», el cual no coincide con los principios democráticos de los países de la región.
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A pesar que el puesto le corresponde a Nicaragua y los cancilleres insisten en elegir a un candidato para reactivar la cooperación internacional, los opositores añadieron que esto sería «una bofetada» a los países europeos que son los principales cooperantes del SICA, y sugirieron «nombrar a un administrador interino» hasta que haya elecciones legítimas en el país.