En el marco de 184 período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo la audiencia de supervisión de 10 medidas cautelares de personas privadas de libertad en Nicaragua.
La sesión estuvo presidida por el comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y
para la Prevención y Combate a la Tortura. Estuvieron presentes representantes de la CIDH y personas de la sociedad civil.
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Los 10 opositores con medidas cautelares y que son supervisadas por la Comisión son la exrea política Ruth Matute, el preso político Manuel Eduardo Tijerino y su núcleo familiar, Denis García Jirón y Carmen Jirón, Maycol Arce, Gustavo A. Mendoza y familia, el reo de conciencia Kevin Solís.
También está en la lista el abogado y reo de político José Manuel Urbina Lara, Wilber Alfredo Espinoza y familia, Lázaro Ernesto Rivas Pérez y Benjamín Ernesto Gutiérrez.
Según Carmen Herrera, de la organización Raza e Igualdad, los beneficiarios de las medidas cautelares y que están el las cárceles de Nicaragua sufren grave riesgo de sufrir daños irreparables e irreversibles a sus derechos en los que se encuentran las personas beneficiarias.
«Estas medidas cautelares abarcan a 60 personas beneficiarias, de las cuales 44 continúan privadas de libertad por motivos políticos y solo siete han sido excarceladas. Las nueve personas restantes son familiares, incluidos cinco niños, niñas y adolescentes».
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«Quienes nos encontramos aquí representamos a 56 de las beneficiarias, estas personas fueron detenidas entre 2018 y 2021 por ejercer sus derechos a la protesta cívica, libertad de expresión y derecho de reunión», recalcó.
En cuanto a la violación a los derechos humanos, la experta enfatizó que los procesos de criminalización que han enfrentado los reos políticos no han sido respetuosos de las garantías del debido proceso.
«Ninguna de las personas que han sido beneficiadas de estas medidas cautelares deberían estar privadas de libertad, por ello consideramos que como ya lo ha ordenado la Corte Interamericana en los casos de otras personas privadas de libertad por motivos políticos, solicitamos a esta ilustre comisión que se demande su liberación», demandó.
Estado de Nicaragua incumple
La CIDH señaló que hasta la fecha el Estado de Nicaragua se encuentra en absoluto incumplimiento ante las peticiones de la Comisión. Además, no ha adoptado ninguna medida para garantizar la vida y la salud para la protección de las personas beneficiarias; no ha asegurado el acceso a la atención médica especializada, adecuada y calidad acorde a sus necesidades.
Por su parte, Georgina Ruiz del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), indicó que 42 de los beneficiarios que están recluidos en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa, conocido como «La Modelo» están en situaciones inhumanas y degradantes.
Remarcó que en la galería 300 o máxima seguridad, el régimen ha recluido a los presos políticos Jaime Navarrete, Edward Lacayo, Víctor Soza, John Cerna, Víctor Díaz, Kevin Solís, Gustavo Mendoza, Ernesto Ramírez , Uriel Pérez y Néstor Montealvo.
«Esas celdas son de máxima seguridad y de castigo a las cuales trasladan a los presos de forma arbitrarias (…) Algunas personas beneficiarias permanecieron en algún momento con grilletes en sus manos y sus pies», denunció Ruiz.
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Ante la denuncia del Cenidh y de otros miembros de la sociedad civil, Esmeralda Arosemena de Troitiño, comisionada de la CIDH, hizo el llamado a garantizar que las personas que participaron en la audiencia no sean sometidas a ningún tipo de represalias por parte del gobierno de Daniel Ortega.
Ralón Orellana dijo que el gobierno de Nicaragua debe de garantizar que se respeten los derechos humanos y las medidas cautelares a los beneficiarios. «Hacemos el recordatorio que no se debe tomar represalias contra los participantes a causa de sus declaraciones ante la Comisión», concluyó.