El régimen de Daniel Ortega selló la cancelación de 97 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) tras la publicación oficial en La Gaceta. La administración nicaragüense argumenta que las entidades incumplieron con sus obligaciones. Con ello, ya son cerca de 700 organizaciones sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018.
En el decreto número 8807, el régimen dictó la cancelación de las oenegés. Según la dictadura las asociaciones y organizaciones han incumplido con sus deberes y obligaciones establecidas en la legislación que les regula, «obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organizaciones con Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación».
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Además, aseguran que las oenegés violaron la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, en vigor desde el 6 de mayo pasado; así como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, y la Ley Contra el Lavado de Activos.
Entre las organizaciones ilegalizadas se encuentran: Asociación Liga de Cooperativas; Asociación de Pescadores Artesanos Miskitus (APM); Asociación Mutua del Campo; Asociación Esperanza del Futuro; Fundación Santa Cruz conocido como Tininiska; Asociación La Unión para la Salud; Asociación de Discapacitados Nicaragüenses; Asociación Comunitaria para el Desarrollo de Guinea Vieja; Asociación para el Desarrollo de Quilalí; Asociación de Desarrollo Integral Río Medina.
También fueron canceladas las oenegés: Fundación Pro Desarrollo Integral de Municipios de Nicaragua; Asociación de Capitanes y Marinos Unidos para la Costa Atlántica; Asociación de Jóvenes para el Desarrollo de Estelí; Asociación de Desarrollo Miskitu y Sumo de la Cuenca Media; Asociación de Técnicos y Profesionales del municipio de Waspam; Asociación Red Nacional de Defensa de los Consumidores; Asociación Masaya orientada al Progreso; Asociación de Asistencia Técnica para la Mediana y Pequeña Empresa; Asociación de Mujeres de Posoltega; Asociación Cristiana para el Desarrollo Integral de la Población de Escasos Recursos.
Ante estas embestidas, organismos defensores de derechos humanos han denunciado que todos los poderes de Estado «ejecutan la voluntad de una tiranía con el propósito de ejercer un control absoluto, perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único violando los derechos humanos del pueblo nicaragüense».
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A su paso, Ortega ha cancelado personalidad jurídica de universidades, de fundaciones altruistas, organismos de derechos humanos, instituciones académicas, entre otras.
El diputado sandinista Filiberto Rodríguez, promotor de las iniciativas, ha sostenido que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega, aunque no ha presentado pruebas.
