Los diputados sandinistas cancelaron la personalidad jurídica de 93 organizaciones no gubernamentales, entre ellas, el Centro Nicaragüense de Escritores (CNE), fundado en 1990 por el fallecido sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, que apoyo a la revolución sandinista en los ochenta.
La Asamblea Nacional también canceló, sin discusión, al Foro Educativo Nicaragüense (Eduquemos), Fundación Cocibolca y otras organizaciones que promueven la educación, el arte, la cultura, el medio ambiente, la erradicación de la violencia de género y el desarrollo comunitario.
Noticia relacionada: Dictadura de Ortega impide el ingreso al país de la periodista nicaragüense Tifani Roberts
Según el Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional, controlados por el partido de gobierno, las oenegés no presentaron sus estados financieros, donantes, y demás obligaciones. Los funcionarios también pusieron en agenda la cancelación de otras 98 oenegés, incluidas la Asociación de Pescadores Artesanales Miskitus (APAM), Fundación Tininiska y la Asociación Red de Niños y Ancianos Abandonados (ASONIAA).
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó la cancelación de 93 organizaciones no gubernamentales ejecutada este miércoles. El organismo denunció que, con esta acción, el régimen pretende «ejercer un control absoluto, perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense».
Advirtió que, desde 2018 a la fecha, se han cancelado al menos 562 organizaciones, tanto nacionales como internacionales, y esta «violencia de Estado» seguramente incrementará, dado que se conoció de otra ronda de aniquilación de más oenegés.
Este 15 de junio, el banquero Luis Rivas Anduray y el exconductor de Cristiana Chamorro, Pedro Vásquez, cumplieron un año de encierro en el Complejo Policial Evaristo Vásquez, conocido como «El Nuevo Chipote».
Rivas, presidente ejecutivo del Banpro, fue condenado a 13 años de prisión por presuntamente «conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional» al pertenecer a un grupo de WhatsApp con otros líderes gremiales; así como por los presuntos delitos de portación ilegal de armas de fuego y fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos.
Por su parte, Norma Vega, esposa del preso político Pedro Vásquez, manifestó que la dictadura «estropeó los sueños de un hombre que se ganaba la vida siendo un humilde conductor y un padre responsable», que, debido a las precarias condiciones en la cárcel, padece de problemas de colón, presión alta, dolores en las articulaciones y mareos.
Vásquez fue condenado a siete años de cárcel, señalado de ser supuesto colaborador necesario para el presunto delito de lavado de dinero en la fundación que dirigía la aspirante presidencial.
El ilegalizado partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL) conmemoró este 15 de junio, seis años de fundación. Desde el exilio, la presidenta nacional de la organización, Kitty Monterrey, manifestó que, en ese entonces, «tomaron el camino correcto de la lucha cívica, conscientes de los riesgos y dificultades» y lograron organizarse en cada municipio.
El CxL — cuyos antecedentes se remontan al exbanquero y político Eduardo Montealegre, que junto a otros disidentes liberales pasaron por diversos partidos políticos que fueron desarticulados por el régimen — denunció que, como consecuencia de la escalada represiva a partir de abril de 2018, 16 miembros han sido asesinados, quedando todas estas muertes en la impunidad.
Noticia relacionada: PEN Internacional denuncia «acoso y persecución en contra de la iglesia católica»
La dictadura de Daniel Ortega le regaló la nacionalidad nicaragüense a Talal Mohamad Al Akli Majzoub, nacido en Líbano y de nacionalidad venezolana. La resolución de Gobernación señala que Al Akli Majzoub llegó a Nicaragua en abril de 2015 y ha permanecido en el país de forma ininterrumpida. Está casado y, según el régimen, es inversionista y «ha contribuido al desarrollo social y económico del país».
El nacionalizado está ligado a las compañías Okli´s Corporation S.A. y Makro Trading Panamá S.A., y posiblemente vinculado al también venezolano Mohamad Al Akli Mansour, nacionalizado en mayo.
El régimen de Ortega también le otorgó la nacionalidad nicaragüense a un empresario palestino nacionalizado guatemalteco de nombre Wisam Issa Aranki Massis, quien llegó a Nicaragua en 2013 y ha permanecido en el país de forma ininterrumpida. El hombre maneja en el país al menos nueve marcas dedicadas a la venta de vestuario y calzado.
