La organización PEN Internacional, mediante el observatorio «Ojo con Nicaragua», critica el incremento del acoso en contra la iglesia católica y el cierre de medios de comunicación del obispado en el país, por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«El gobierno de Nicaragua a través de la Policía Nacional incrementó su vigilancia y asedio contra figuras de la Iglesia católica, entre ellas el obispo Rolando Álvarez, férreo crítico del régimen. Además, a través del estatal instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) el gobierno ordenó a la empresa telefónica Claro eliminar de su programación al canal 51 o Canal Católico, propiedad de la Iglesia, tras lo cual la televisora quedó de inmediato fuera del aire», rechaza la organización defensora, conformada por escritores y periodistas a nivel mundial.
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Destacan el cierre del periódico Voz Católica de Nicaragua, como parte de la arremetida en contra de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), después de que el Parlamento cancelara la personería jurídica de la Asociación de Publicadores Católicos. El periódico circuló por más de 15 años en los departamentos de Managua, Carazo y Masaya.
La organización denuncia que a esta arremetida se suma el cierre de la «Radio Católica de Bluefields, en el marco de una escalada del gobierno contra la Iglesia católica y varios de sus sacerdotes y obispos». El informe recoge la persecución del régimen de Ortega y Murillo desatada contra monseñor Rolando Álvarez, el sacerdote Harving Padilla, de Masaya, y el padre Uriel Vallejos, de Sébaco.
Recientemente Ortega encarceló al sacerdote de Nandaime Manuel Salvador García, decretándole prisión preventiva. El cura es acusado por el supuesto delito de violencia física y psicológica. La audiencia inicial en su contra se realizará este 17 de junio.
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Hasta el pasado 25 de mayo, la Policía Nacional mantuvo vigilancia sobre dos parroquias donde se encontraban un obispo y un sacerdote, quienes calificaron de asedio y acoso la presencia de los agentes del régimen.
La oposición nicaragüense ha condenado lo que considera una campaña de difamación del Ejecutivo y de los sandinistas en contra de la iglesia Católica, y han recordado la persecución que los religiosos sufrieron durante el primer régimen sandinista (1979-1990) donde un obispo fue desterrado, un sacerdote desnudado, otros diez expulsados y uno acusado de «contrarevolucionario».
