El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continuó los encarcelamientos de opositores en el último mes, llegando a la cifra de 190 presos políticos al cierre de mayo de 2022.
Según el reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, en ese mes se registraron siete detenciones arbitrarias, tres mujeres y cuatro hombres procedentes de los departamentos de Carazo y Masaya.
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Entre ellos se encuentran seis miembros de una misma familia y el líder territorial Yubrank Suazo. Del total de reos políticos, 18 son mujeres y 45 son activistas encarcelados por segunda ocasión.
Familiares de los dirigentes encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Chipote», denunciaron que, tras la octava visita a sus parientes, realizada entre el 10 al 12 de junio, comprobaron que la vida de los presos políticos «sigue estando en riesgo».
Estas personas no reciben atención médica oportuna hasta que llegan a un estado grave de salud, entre ellos se encuentran el cronista Miguel Mendoza, las dirigentes de Unamos Tamara Dávila y Ana Margarita Vijil; y el aspirante presidencial Félix Maradiaga.
Familiares del reo político Lázaro Rivas, recluido en otro penal, también alertaron sobre la falta de atención médico al joven. Las denuncias fueron hechas durante una conferencia de prensa virtual en la que participaron la Organización Víctimas de Abril (OVA) y la organización Familiares de presos y presas políticos de Nicaragua.
El régimen de Ortega rechazó la solicitud de la Comisión de Expertos Independientes, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que pretendía llegar al país para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde 2018.
Según el medio Confidencial, el embajador de Ortega en Ginebra comunicó el rechazo en sostener algún contacto con la Comisión por ser «parcial y sesgada porque representa un ataque contra Nicaragua, alineado a los intereses de Estados Unidos».
La negativa de la dictadura era predecible para diversos organismos de derechos humanos que afirman que, en todo caso, la Comisión continuará adelante con las investigaciones. Por su parte, el exembajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields señaló que la dictadura demuestra «miedo».
La Corte Suprema de Justicia reeligió a los magistrados sancionados Alba Luz Ramos y a Marvin Aguilar como presidenta y vicepresidente de la institución, al tiempo que el régimen no se decide por quiénes colocar en cinco vacantes.
El medio Confidencial detalló que fuentes del Poder Judicial revelaron que los actuales magistrados fueron confirmados por otros dos años más, mientras los cinco nombramientos pendientes, que debe realizar la Asamblea Nacional, aún no ocurren por desacuerdos entre la pareja en el poder, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Los diputados ante la Asamblea Nacional aprobaron la controversial entrada de tropas rusas al país a petición de Daniel Ortega. Los parlamentarios atacaron a los medios de comunicación internacionales que han informado sobre la llegada de los militares, señalando que estos medios realizan una continua campaña «con el único objetivo de distraer a la opinión pública, y que de manera deliberada han tergiversado y mentido para generar discordia y zozobra».
El diputado sandinista Filiberto Rodríguez también arremetió contra el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, quien manifestó su preocupación ante el ingreso de las tropas en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. El funcionario de Ortega dijo que Nichols desconoce que es «una tradición de Ejércitos» dar entrada a militares de otros países.
En las redes sociales sonaron las alarmas sobre el ingreso de un estudiante adolescente que llevaba consigo un arma de fuego en su mochila al Colegio Bautista de Managua, y que horas antes había amenazado con realizar un tiroteo en la escuela para luego quitarse la vida.
Una madre de familia relató a medios nacionales que su hijo le dijo que había una situación en la escuela que fue publicada en un grupo de WhatsApp entre estudiantes, en el que uno de sus compañeros amenazó con llevar un arma de fuego al colegio y «hacer historia». La vocera del régimen, Rosario Murillo, aseguró que se ha demostrado que la situación del estudiante «es producto de una dolencia anímica personal de un joven, influenciado por publicaciones violentas de otros países», en referencia a Estados Unidos.