La Corte Suprema de Justicia (CSJ) reeligió a once de sus magistrados de los 16 que se supone deben de conformar la dirigencia del órgano judicial. Confidencial reveló que las cinco vacantes disponibles no se han logrado designar por desacuerdos de la pareja presidencial.
Fuentes del Poder Judicial informaron al medio de comunicación que existe una pugna presidencial, por lo que aún siguen en espera esos cinco nombramientos, que debe realizar la Asamblea Nacional.
La Corte continuará siendo presidida por Alba Luz Ramos y Marvin Aguilar en sus cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente, ambos sancionados por la comunidad internacional por apoyar a la dictadura de Daniel Ortega a encarcelar, torturar y enjuiciar a los opositores con fundamentos falsos.
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Un magistrado, bajo condición de anonimato, confirmó a Confidencial que el acuerdo de Corte Plena para reelegir a Ramos y Aguilar se firmó el pasado viernes, tres de junio, y en el mismo se confirmó por 2.5 años a Armando Juárez como presidente de la Sala Constitucional, a Armengol Cuadra en la Sala Penal, a Ileana Pérez en la Sala Civil y a Yadira Centeno en la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Esta misma fuente judicial reveló que la magistrada Pérez recibió el respaldo de la pareja presidencial, pese a que en febrero de este año fue interrogada en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua por el caso de una propiedad que perteneció a un narcotraficante en el departamento de Rivas y terminó en manos de un hermano de la magistrada, el juez Emilio Chan López.
Los otros magistrados de la CSJ son los orteguistas Gerardo Arce Castaño, Juana Méndez y Elley Joy Lewin Downs. También están los liberales Virgilio Gurdián y Manuel Martínez Sevilla.
Todos están integrados a las cuatro salas de la institución, excepto Gurdián y Méndez, que son parte del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial en que participan también la presidenta y el vicepresidente de la Corte.
Disputas entre Ortega y Murillo
La Corte Suprema de Justicia actualmente está integrada por once magistrados, de los 16 que deben conformarla. Las cinco vacantes que están disponibles corresponden a dos por fallecimientos (Francisco Rosales y Ligia Molina) y tres por renuncias (Rafael Solís, Carlos Aguerri Hurtado y José Adán Guerra en 2019).
Fuentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) indicaron a Confidencial que el tema de las vacantes de la Corte está pendiente de resolver, ya que no se ha logrado un consenso de quienes las ocuparán, a causa de las «pugnas internas» que existe entre Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Mientras eso no se resuelva, advirtieron las mismas fuentes, los funcionarios se mantienen en sus cargos porque en el artículo 130 quedó establecido en la reforma constitucional de 2014 que seguirán hasta «que no sean elegidos y tomen posesión quienes deben sustituirlos». El período estipulado por la ley de un magistrado judicial en Nicaragua es de cinco años.
«La organización interna quedó igual. Esa la decidimos nosotros (Poder Judicial). El FSLN no nombra a nadie», destacó por su parte una fuente judicial.
El régimen de Daniel Ortega al prolongar la directiva de la CSJ brinda un respaldo a unos de sus principales brazos represores. Desde el 2018, la institución se ha encargado de reprimir, hostigar y perseguir a los opositores. Actualmente, ha legalizado las detenciones de más de 180 personas presas políticas con el apoyo de la Policía Nacional –sancionada por la comunidad internacional– jueces y fiscales orteguistas.
