El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visa a otras 93 personas del régimen de Nicaragua, incluidos jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio de Gobernación, por socavar la democracia tras la reelección ilegítima de Daniel Ortega en noviembre de 2021.
La administración de Joe Biden señala que estos jueces y fiscales son cómplices al participar «en los juicios y condenas de líderes de la oposición, defensores de los derechos humanos, líderes del sector privado y defensores de los estudiantes”, declaró.
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(Además) los miembros de la Asamblea Nacional y los funcionarios del Ministerio de Gobernación permitieron que el régimen reforzara su control autoritario sobre los ciudadanos e instituciones nicaragüenses mediante el uso de leyes represivas para despojar a más de 400 ONG y una docena de universidades de su estatus legal», añadió.
Estados Unidos añadió que sigue profundamente preocupado por las detenciones injustas y reiteró su llamado a la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos y al restablecimiento de la democracia y el estado de derecho en Nicaragua.
Otros nueve organismos sin fines de lucro internacionales fueron cancelados por el Ministerio de Gobernación este 13 de junio. Según el régimen, estas incumplieron con sus obligaciones y no se registraron como «agentes extranjeros» conforme la reciente Ley 1040.
Seis de las organizaciones canceladas son originarias de Estados Unidos, dos de Italia y una de México, entre ellas, el Movimiento para el Autodesarrollo, el Intercambio y la Solidaridad (M.A.I.S), y las estadounidenses Engineering World Health, dedicada a la prestación de atención médica en todo el mundo, y Amigos de las Américas que fomenta el liderazgo juvenil y el desarrollo comunitario.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó la cancelación de otras nueve oenegés internacionales que operaban en Nicaragua. La organización indica que con esta acción se «violenta el derecho de libertad de asociación, participación política, el legal y debido proceso, así como la contribución al desarrollo del país».
Agregó que, desde la represión de 2018 a la fecha, un total de 469 organismos han sido ilegalizados «en perjuicio de miles de personas beneficiarias», y esta semana se prevé la cancelación de casi un centenar más, «confirmando la sistemática represión que el régimen Ortega-Murillo sostiene desde hace más de cuatro años».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó a la administración de Daniel Ortega una «investigación exhaustiva» sobre el caso del asesinato de la joven brasileña Raynéia Gabrielle Da Costa Lima Rocha, quien murió a manos de un «paramilitar» el 23 de julio de 2018 y cuya familia continúa exigiendo justicia.
El organismo, en un comunicado con fecha de cuatro de junio, detalló que el gobierno de Nicaragua tiene «un plazo de tres meses, prorrogable por un máximo de cuatro meses, para contestar sobre dicha petición».
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Los dirigentes de la organización política Unión Democrática Renovadora (Unamos) cumplieron, este 13 de junio, un año de estar encerrados en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote».
En la cárcel, señalada de ser un centro de torturas contra presos políticos, se encuentran la excomandante guerrillera Dora María Téllez, la expresidenta de Unamos Ana Margarita Vijil, el excanciller Víctor Hugo Tinoco y la actual dirigente de la organización Suyen Barahona, condenados de ocho a trece años de prisión. Entre los detenidos se encontraba el excomandante sandinista Hugo Torres, quien falleció en su condición de reo de Daniel Ortega.
A los disidentes los mantienen aislados, incomunicados, en condiciones precarias y sin poder ver a sus hijos menores de edad. La diputada del Parlamento Europeo Soraya Rodríguez dijo al respecto que la situación «solo confirma la deriva represiva de los Ortega» y exigió su libertad.