La Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) agradeció a los eurodiputados por aprobar la resolución que busca sancionar a los jueces responsables de judicializar a los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. «Este es un paso muy importante en la búsqueda de la justicia», considera la organización opositora.
«Saludamos y agradecemos la resolución aprobada esta mañana (del nueve de junio) por el Europarlamento con 524 votos a favor, 17 en contra y 29 abstenciones lo cual considera una mayoría muy fuerte y que va a uno de los nervios motores de la represión en Nicaragua que son los jueces y magistrados, señala con nombre y apellido a 14 jueces y tres magistrados de Managua y les menciona como el brazo opresor del régimen en contra de los opositores», refirió Ana Quirós, integrante del Consejo Político de la Unab, en un video difundido por la organización política.
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El Parlamento Europeo condenó la persecución de la oposición, la prensa y la sociedad civil en Nicaragua, donde la privación de libertad por razones políticas, señalada por los organismos humanitarios, se viene acentuando desde 2018. Según la Eurocámara, las sentencias judiciales ilegítimas confirman la deriva represiva del régimen nicaragüense «con la patente connivencia del Poder Judicial», dirigida a silenciar a los disidentes.
Quirós dijo que «este es un paso muy importante en las búsqueda de la justicia para las víctimas, en la demanda por la liberación de los más de 180 presos políticos, señala incluso la demanda de liberar al padre Manuel (Salvador García) que fue encarcelado de manera arbitraria».
El texto de la resolución apunta a que la falta de separación de poderes y el control total de las instituciones por parte del régimen da lugar a la subyugación del Poder Judicial y de la Fiscalía a la voluntad del régimen «con el fin de establecer una dictadura». «Los jueces se han convertido en un brazo represor responsable de violaciones de los derechos humanos», señalan los eurodiputados.
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Entre los jueces propuestos para sancionar se encuentran: Verónica Fiallos Moncada, del Juzgado Distrito Penal Ocotal; Rosa Velia Baca Cardoza, del Juzgado Distrito Primero Penal Chinandega; William Irving Howard López, del Juzgado Distrito Penal de Juicios de Masaya; y Erick Ramón Laguna Averruz, del Juzgado de Distrito del Departamento de Estelí.
La iniciativa la lideran los europarlamentarios Soraya Rodríguez, Javier Nart y Jordi Cañas,. Alegan que ese grupo debe ser sancionado por la Unión Europea (UE) por enjuiciar, declarar culpables y condenar a centenares de personas presas políticas desde el inicio de las protestas sociales en abril de 2018.
