La Red de Defensa Jurídica de Nicaragua demanda a los participantes de la IX Cumbre de las Américas abogar por la seguridad de los periodistas y medios independientes del país. Según lo expuesto por la organización a la comunidad internacional, para el régimen de Daniel Ortega «ejercer la libertad de expresión es un delito».
«En 2021, la organización local Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) registró 1,520 agresiones de distinto tipo en contra de periodistas y medios de comunicación independientes. Por tal razón Nicaragua fue ubicada en la “zona roja” del ranking elaborado por Reporteros Sin Fronteras. Ocupó el lugar 121. Un retroceso de cuatro puestos con relación al 2020», denuncia la red integrada por defensores de derechos humanos.
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Solicitan que, «en este mes de junio de 2022, cuando delegados de todos los países de las Américas se dan cita en Los Ángeles para discutir los temas de la democracia en el continente, solicitamos encarecidamente vuelvan su atención hacia Nicaragua, un país pequeño, uno de los más pobres del hemisferio, y uno de los que más intensamente ha estado expulsando a su población desde 2018. Costa Rica, Estados Unidos, España y otros países más pueden dar fe de ello».
La Sociedad Interamericana de Prensa será la encargada de denunciar ante la Cumbre el «comportamiento» de la libertad de prensa en las Américas y la sostenibilidad de los medios de comunicación en la región. La representación también se reunirá con el secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos), Luis Almagro, y el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca.
Por su parte, las organizaciones resaltaron que «la mejor solución a la profunda crisis que atraviesa Nicaragua es la libertad de prensa. Si hay libertad de prensa, habrá libertad de expresión. Si hay libertad de expresión, habrá democracia. Si hay democracia habrá justicia, desarrollo y oportunidades para cada nicaragüense», denuncia el documento suscrito por la SIP, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, International Senior Lawyers Project y Acción Penal Nicaragua.
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«Mientras ustedes leen este mensaje cientos de nicaragüenses están abandonando Nicaragua. Más de 200 mil lo han hecho a partir de 2018. Por falta de democracia, porque el Estado viola cotidianamente los derechos humanos de la población, porque ese régimen solo puede ofrecer opresión y pobreza», enviaron a modo de demanda a los países participantes en la reunión internacional.
La organización PEN Internacional por medio del observatorio «ojo en Nicaragua» registró ataques persistentes contra el periodismo tras haber contabilizado 78 denuncias en abril: 18 en enero, 34 en febrero y 26 en marzo.