La organización PEN Internacional por medio del observatorio «ojo en Nicaragua» denunció el cierre de organizaciones no gubernamentales y ataques contra periodistas como parte de su estrategia de «represión y de miedo».
La entidad rechaza el cierre de entidades ligadas a figuras principales de la cultura en Nicaragua: la Fundación Luisa Mercado, creada por el escritor Sergio Ramírez, la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada por el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, fallecido en enero de 2020; y recientemente el Festival Internacional de Poesía en Granada, proyecto que inició en 2005 y cada año ha reunido a cientos de poetas de todo el mundo. Su vicepresidenta es la poeta Gioconda Belli, reconocida disidente sandinista y expresidenta de PEN Nicaragua.
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«Como parte de su estrategia de represión y silencio, el gobierno ha decidido arremeter contra organizaciones no gubernamentales. Desde 2018, Ortega ha cerrado unas 140 ONG que impulsaban proyectos en el país», añadió PEN.
La organización destaca que fue faltando pocos días para el cuarto aniversario del estallido de las protestas del 18 de abril que «el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo incrementó la represión contra opositores, excarcelados políticos y familiares de personas asesinadas durante la rebelión cívica, ordenando el allanamiento y asedio a sus viviendas».
La personalidad jurídica de PEN Nicaragua fue cancelada el 15 de febrero en la Asamblea Nacional con 75 votos a favor, cero en contra, 11 abstenciones y cinco presentes. Esa entidad decidió suspender sus actividades en febrero de 2021 debido a la controvertida Ley de regulación de agentes extranjeros aprobada por el régimen en 2020, en la que sanciona a quienes reciben financiación y donaciones del exterior.
«Hemos informado a PEN Internacional de nuestra decisión de suspender nuestra afiliación», anunció en ese momento Gioconda Belli, que presidía PEN Nicaragua, cuyo organismo llevaba 21 años funcionando en el país.
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En el reciente informe denuncian que en el país se han registrado «nuevas agresiones a la libertad de prensa, el destierro forzoso de artistas nicaragüenses y la deportación de periodistas extranjeros que intentaban ingresar al país, marcaron los hechos de la última semana en Nicaragua, donde el gobierno ordenó además el sorpresivo cierre de la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), la expulsión de sus funcionarios y la confiscación de su edificio en Managua».
El informe del Observatorio de Agresiones a la Libertad de Prensa Independiente, presentado el 21 de abril, advierte que los ataques al periodismo libre persisten, tras haber contabilizado 78 denuncias: 18 en enero, 34 en febrero y 26 en marzo.
El documento señala que en Nicaragua se «ha criminalizado el oficio» del periodista, enjuiciando y condenando a hombres y mujeres de prensa «por informar o por ser una voz crítica al gobierno de Daniel Ortega». Recuerda que hasta hoy continúan en prisión los comunicadores Miguel Mora, Miguel Mendoza, Cristiana Chamorro, Jaime Arellano (ambos con régimen de casa por cárcel), Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holman Chamorro.
