La organización política Unión Democrática Renovadora, Unamos, denunció el recrudecimiento de la persecución contra la Iglesia católica de Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega, a quien señaló de ser el responsable de las agresiones continuas a sacerdotes, ejecutadas en las últimas semanas.
Unamos, cuyos principales dirigentes se encuentran encarcelados, rememoró que el 4 de mayo, la Asamblea Nacional, controlada por el partido de Gobierno, aprobó un documento «acusando a los líderes católicos de participar en un intento de golpe de Estado y de expresarse con “odio y saña” en contra de los simpatizantes de la dictadura».
«Estos ataques se han visto materializados de forma muy rápida, registrándose, hasta la fecha, cinco casos de agresiones a sacerdotes», alertó la organización opositora mediante un tuit publicado este sábado, cuatro de junio.
«¡Daniel Ortega tiene una cruzada personal en contra de la Iglesia católica de Nicaragua, la que hizo pública desde inicios de mayo y que ahora se está concretndo!», añadió.
En el último mes, agentes policiales, en colaboración con personas identificadas como paramilitares, han realizado asedios, persecuciones y acoso a líderes religiosos, entre ellos, el padre Harving Padilla, párroco de la iglesia San Juan Bautista, de Masaya, y monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí. Ambos obligados a resguardarse temporalmente ante la represión.
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La detención del padre Manuel Salvador García despertó la alarma en la población. El párroco de la iglesia Jesús de Nazareno en Nandaime, también conocida como El Calvario, fue encarcelado el primero de junio, luego de ser blanco del escarnio por parte de fanáticos del régimen y medios afines. El sacerdote es procesado por presuntas lesiones graves contra una ciudadana quien lo acusó, sin pruebas, ante medios sandinistas.
Al momento, más de 20 organizaciones opositoras, tanto dentro como fuera de Nicaragua, han condenado el arresto del párroco, señalando que «esta detención marca un grave precedente en contra de los sacerdotes en el país y constata que bajo el régimen político actual absolutamente nadie está a salvo».