La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) denunció que la administración de Daniel Ortega continúa reduciendo el espacio para la sociedad civil en Nicaragua al cancelar masivamente personalidades jurídicas a Organismos No Gubernamentales (ONG).
El régimen orteguista, a través de la Asamblea Nacional, ha cerrado «arbitrariamente» alrededor de 250 oenegés en lo que va de año 2022, argumentando que han «transgredido e incumplido con sus obligaciones» ante la ley, por lo que «obstaculizan el control y vigilancia» de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro.
La FIDH, en un comunicado, destacó que en menos de un mes, entre el cuatro y el 31 de mayo, la aplanadora orteguista aprobó la cancelación de 177 ONG; una cifra récord nunca ante vista.
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Señaló al diputado sandinista Filiberto Rodríguez como el principal «verdugo» de las organizaciones, ya que el subordinado del régimen es quien impulsa las iniciativas de cancelación en el Parlamento de Nicaragua.
Además, informó que el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) «denuncia este nuevo ataque a la sociedad civil y urge a las autoridades nicaragüenses a revocar esta decisión y a garantizar, en todas circunstancias, el derecho a la libertad de asociación».
El jueves, dos de junio, el régimen aniquiló a 96 organizaciones no gubernamentales más. La dictadura ya supera las 400 ONG canceladas en el país desde finales de 2018, año en que iniciaron las protestas cívicas.
«Estas cancelaciones tienen por objetivo eliminar toda posible visión social y política que difiera a la establecida por el régimen. Este acoso sistemático, característico de un Estado totalitario, no atañe solamente a organizaciones políticas o de defensa de derechos humanos, sino que organizaciones artísticas, periodísticas, educativas, científicas, medioambientales y sociales son también víctimas de la persecución», insistió la FIDH.
La dictadura de Ortega tiene como «objetivo final» eliminar toda posibilidad de una sociedad civil independiente en el Nicaragua; «no se ha conformado solo con la cancelación, en muchos casos ha ido acompañada de la usurpación y apropiación ilegal de sus bienes», denunció.
«Estas decisiones se enmarcan en un contexto de represión sistemática ejercida desde 2018 contra las personas y organizaciones que defienden y exigen el respeto de los derechos humanos en Nicaragua. La persecución incrementó en los meses anteriores a las elecciones de noviembre de 2021 con el objetivo de eliminar toda voz disidente y oposición política e imponer una sola forma de organización social controlada por el régimen», añadió.
La FIDH rechazó la ilegalización masiva de ONG, que desde 2018 a la fecha suman alrededor de 430 entidades canceladas, y demandó a la dictadura de Ortega-Murillo «revocar de inmediato estas decisiones arbitrarias, y a garantizar, en todas circunstancias, el derecho a la libertad de asociación, consagrado en la Constitución nicaragüense, así como en varios instrumentos internacionales de derechos humanos».
