La periodista y aspirante a la Presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, está a tan solo un día de cumplir un año bajo «arresto domiciliar» luego de ser encarcelada el dos de junio de 2021 en su propia por órdenes del régimen de Daniel Ortega.
A Chamorro la justicia al servicio de la dictadura la acusó por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida. La hija de la expresidenta Violeta Barrios era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales.
Chamorro había presentado el primero de junio de 2021 una carta de intención ante el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) para entrar al proceso de elecciones primarias dentro de la Alianza Ciudadana, en el que se seleccionaría al candidato de esa agrupación, la que posteriormente también fue aniquilada.
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Horas después de que la periodista notificara sus intenciones de postularse a la Presidencia, el régimen de Daniel Ortega solicitó medidas precautelares y la «inhabilitación para (optar a) cargos públicos, por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal».
La dictadura condenó a Cristiana Chamorro a ocho años de prisión en marzo de 2022 mediante un juicio extendido en el que también fueron condenados su hermano Pedro Joaquín Chamorro a nueve años. Walter Gómez y Marco Fletes fueron sentenciados a 14 años y Pedro Vásquez a siete años de cárcel. La aspirante a la Presidencia también deberá pagar una multa equivalente a tres veces el valor del dinero supuestamente lavado.
El proceso judicial inició el tres de marzo y culminó el viernes 11, se celebró en la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua, conocida como «El Nuevo Chipote», donde también están cautivos más de 30 rehenes de conciencia.
Durante su juicio la presa política declaró ante sus verdugos que, «ustedes me están criminalizando por capacitar a periodistas y se está utilizando la justicia no para decir la verdad. Si yo he sido el canal para recibir esas donaciones y capacitar a los periodistas es porque soy una persona honesta. Yo nunca he tomado dinero de la Fundación (Violeta Barrios de Chamorro) para mi propio beneficio porque fui educada con grandes valores y tampoco he tenido necesidad de hacerlo».
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El régimen orteguista usó a 20 policías, dos trabajadores del Ministerio de Gobernación (Migob) y nueve civiles como testigos durante el proceso judicial realizado a puertas cerradas. A los abogados defensores no se les permitió hablar más de tres minutos con sus defendidos y afirman que nunca se probó que los fondos de la Fundación fuesen ilícitos. «No se puede lavar dinero si no hay dinero sucio», manifestaron los defensores.
Chamorro era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales del 7 noviembre pasado, en las que Ortega se impuso con sus reglas para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
