«Usted me está violentando mi derecho a la libertad de expresión que tanto defendió mi padre y yo estoy en la obligación de seguir defendiendo ese legado que dejó mi padre, el Mártir de las Libertades Públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y mi madre, la expresidenta Violeta Barrios», dijo la presa política Cristiana Chamorro Barrios a su verdugo, el juez Luden Martín Quiroz García, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua.
Las palabras de la ex aspirante presidencial fueron pronunciadas tras ser declarada culpable de los presuntos delitos de lavado de dinero y apropiación y retención indebida, la noche del viernes, 11 de marzo. La justicia de Daniel Ortega la procesó junto a su hermano Pedro Joaquín Chamorro y los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) Marcos Fletes y Walter Gómez, y el conductor Pedro Vásquez.
«Ustedes me están criminalizando por capacitar a periodistas y se está utilizando la justicia no para decir la verdad. Si yo he sido el canal para recibir esas donaciones y capacitar a los periodistas es porque soy una persona honesta. Yo nunca he tomado dinero de la Fundación para mi propio beneficio porque fui educada con grandes valores y tampoco he tenido necesidad de hacerlo», añadió, revela el medio Confidencial, dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro.
Por su parte, Pedro Joaquín Chamorro Barrios restregó al juez Quiroz que «usted representa la patria» y juró en el juicio por la memoria de su padre, madre, esposa y cuatro hijos. «No he cometido ningún delito. No soy culpable de lo que me están acusando», manifestó.
El exdiputado explicó que nunca recibió dinero de la Fundación y durante diez años solo administró un patrimonio familiar (el condominio de cuatro apartamentos Farallón en San Juan del Sur) que era sostenido por cada uno de los hermanos Chamorro Barrios. «Tengo la conciencia tranquila que hice las cosas correctas», reiteró.
Noticia relacionada: Los Chamorro: La familia que hizo llorar a Daniel Ortega
Asimismo, los extrabajadores de la organización Walter Gómez y Marcos Fletes sostuvieron su inocencia ante sus verdugos. «Soy inocente. Le doy gracias a Dios por la esposa y los hijos que me dio, porque es por ellos que yo no haría nada indebido. En mis 30 años de laborar en diferentes instituciones nunca he cometido un delito», manifestó Gómez.
El conductor personal de Cristiana, Pedro Vásquez, resaltó que «sus manos nunca han estado manchadas por andar haciendo cosas ilícitas». La esposa de Vásquez, Norma Vega, dijo al medio independiente que teme que el preso político sufra una embolia o paro cardiaco en las celdas de la dictadura, y espera que el régimen otorgue «casa por cárcel» a su esposo. «Sufre de mareos, ha perdido unas 40 libras, tiene moretones en sus brazos y se le ha subido la presión», explicó.
Juicio político
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo usó a 20 policías, dos trabajadores del Ministerio de Gobernación (Migob) y nueve civiles como testigos durante el proceso judicial realizado a puertas cerradas.
Entre los oficiales está el capitán Jairo Ramírez Carrión, perito de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE), quien fue el responsable de elaborar el análisis financiero patrimonial del caso y aceptó que el documento de 99 páginas era un «informe preliminar».
El medio también revela que la responsable de la Dirección de Registro y Control de Asociaciones del Migob, Franya Urey Blandón, reconoció que desconocía las razones específicas de las acusaciones.
A los abogados defensores no se les permitió hablar más de tres minutos con sus defendidos y afirman que nunca se probó que los fondos de la Fundación fuesen ilícitos. «No se puede lavar dinero si no hay dinero sucio», manifestaron los defensores.
Fiscalía pide entre 8 a 13 años de cárcel
El Ministerio Público dirigido por la sancionada fiscal general, Ana Julia Guido, pidió contra Cristiana Chamorro cinco años de cárcel por presunto lavado de dinero y tres años por apropiación y retención indebida, para un total de ocho años de prisión más una multa equivalente a tres veces el valor del dinero supuestamente lavado.
Noticia relacionada: Los «verdugos» de los presos políticos de «El Nuevo Chipote»
Contra el exvicepresidente de la Fundación Pedro Joaquín Chamorro solicitó seis años por presunta apropiación y retención indebida, y tres años por gestión abusiva, para una suma de nueve años de prisión; más inhabilitación para ejercer la profesión por el mismo periodo y 300 días de multa.
La Fiscalía pidió contra Walter Gómez y Marcos Fletes dos años por falsificación ideológica, dos por gestiones abusivas, más la inhabilitación para ejercer la profesión por ese mismo periodo; una pena agravada de cuatro años más 300 días multa por apropiación indebida, cinco años por lavado de dinero más la multa de tres veces el valor del supuesto dinero lavado. Para un total de 13 años de cárcel.
El régimen solicitó siete años de prisión contra Pedro Vásquez por ser supuesto «colaborador necesario para el delito de lavado».
