En tiempo récord, la dictadura de Daniel Ortega resolvió girar orden de detención e inhibir a Cristiana Chamorro Barrios como candidata presidencial en las próximas elecciones de noviembre, horas después que la opositora oficializara que entraría en la contienda electoral.
En la nota de prensa del Poder Judicial emitida este miércoles, dos de junio, deja en claro que el caso va dirigido a las aspiraciones políticas de Chamorro al titular sin reservas el documento «Cristiana María Chamorro Barrios inhibida de ejercer cargo institucionales y públicos».
La nota señala que «el Juzgado Quinto de Distrito de lo Penal de Audiencias Circunscripción Managua resolvió este martes, 01 de junio de 2021, “ha lugar” a las medidas precautelares solicitadas por el Ministerio Público en contra de Cristiana María Chamorro Barrios, en la causa judicial número 010820-ORM4-2021-PN».
La Fiscalía procedió el martes a acusarla por los supuestos delitos de «gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos». También solicitó medidas precautelares y la «inhabilitación para (optar a) cargos públicos, por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal».
En menos de 24 horas, el Juzgado correspondiente declaró «inhabilitar a la ciudadana Cristiana María Chamorro Barrios para ejercer cargos institucionales y públicos, por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un proceso penal investigativo». La institución supeditada a Daniel Ortega justifica su medida en el artículo 35 de la Ley de Prevención de Crimen Organizado.
Expertos en derecho señalan que para inhibirla al cargo público debe existir sentencia firme de un juez que la declare culpable de los delitos por los que se le acusan, mientras tanto, Chamorro sigue en la contienda.
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La especialista en Derecho Constitucional, Asunción Moreno, miembro de la Alianza Cívica (ACDJ), aclaró que «Cristiana sí está en pleno goce de sus derechos políticos» porque goza de la presunción de inocencia, ya que no ha sido procesada ni condenada; y la finalidad de las medidas cautelares es para garantizar la presencia del acusado en juicio, pero no significa que la persona es culpable.
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La resolución se da a conocer en el momento que la Policía se encuentra realizando un allanamiento en la vivienda de Chamorro y la jueza Karen Chavarría Morales, titular del Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, girara la orden de detención en contra de la aspirante. Decenas de agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) que rodean el lugar no permiten el acceso y agredieron a periodistas que brindan cobertura al caso.
