La Real Academia Española (RAE), considerada la máxima rectora del Español, como lengua; y la Academia de la Lengua de Chile, condenaron, por separado y a través de comunicados, el cierre ejecutado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de la homóloga Academia Nicaragüense de la Lengua.
El pasado viernes, 27 de mayo, la Asamblea Nacional, controlada por Daniel Ortega, informó que decapitará a 83 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) más, entre las que se incluye la Academia Nicaragüense de la Lengua. Esta acción demuestra la determinación de la dictadura sandinista de acabar con cualquier organización civil que no se supedita a sus designios.
«La Real Academia Española (RAE) manifiesta su profunda preocupación por la noticia del posible cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua propuesto a la Asamblea Nacional de Nicaragua, que privará de personalidad jurídica a la corporación centroamericana y causará su desaparición después de noventa y cuatro años de fecunda existencia al servicio del mayor valor cultural de la nación».
Noticia relacionada: Dictadura de Daniel Ortega descabezará a otras 83 organizaciones civiles
La RAE anunció que «respalda y reivindica enérgicamente el legítimo derecho de la Academia Nicaragüense de la Lengua a servir a sus conciudadanos y a hacer posible la participación de Nicaragua, en términos de igualdad, en la preservación del bien cultural superior tanto de la propia nación como de la comunidad de naciones y pueblos que comparten la misma lengua, hoy patrimonio común de casi seiscientos millones de personas en todo el mundo».
Al pie de su nota de prensa, la RAE insta a todas las entidades homólogas del mundo a solidarizarse con la Academia Nicaragüense de la Lengua, «a fin de evitar la desaparición», que según insisten, «supondría un gravísimo perjuicio y una pérdida irreparable para la lengua española».
Por su parte, la Academia Chilena de la Lengua reprochó el manotazo del gobernante sandinista contra la institución intelectual. «La Academia Chilena de la Lengua condena con toda energía el cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua ordenado por el gobierno de ese país», dice parte del comunicado.
La organización homóloga de Chile calificó el inminente cierre de su par nicaragüense como «un atentado en contra de la cultura y la libertad de pensamiento» y tras expresar su solidaridad, demandó que la «injusta orden que los afecta sea revertida a la brevedad».
Con esta nueva embestida que podría concretarse en los próximos días, Ortega habría aniquilado en total 329 ONG, una cacería que arrancó a finales de 2018, cuando empezó a calificar a las entidades sin fines de lucro como financistas de «terroristas» y promotoras del «golpe de Estado» contra su administración.
Más tarde, el gobierno sandinista aprobó una Ley de Agentes Extranjeros que obligaría a las ONG y personas naturales que reciben fondos públicos o privados del exterior a registrarse ante el Ministerio de Gobernación (Migob) como «agentes extranjeros», sin embargo, algunas organizaciones que se dispusieron a inscribirse —como el caso de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), por ejemplo— tampoco se les permitió y luego también las cerraron.
En los machotes de decretos de cancelación de las personerías jurídicas, el Parlamento sandinista ha acusado a las organizaciones de no reportar sus estados financieros, ni inscribir sus Juntas Directivas, ni declarar sus fondos y donantes, lo que también ha sido desmentido por la mayoría de las entidades, quienes han denunciado que en múltiples ocasiones llegaron hasta el Migob a dejar la documentación pero las autoridades se rehusaron a recibir dichos reportes, por lo que ese argumento repetitivo es falso.
Entre las organizaciones que han sido canceladas por Daniel Ortega, usando al Ministerio de Gobernación y a la Asamblea Nacional, figuran entidades defensoras de derechos humanos, asociaciones médicas, defensoras de las mujeres, promotoras de democracia, ambientalistas, científicos, profesionales de distintas ramas, académicas y organizaciones internacionales que trabajaban en comunidades pobres del país.