Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, logró salir de la parroquia Santo Cristo, ubicadas en Las Colinas en Managua, donde permaneció refugiado durante cuatro días ante la persecución injustificada de la Policía.
El líder religioso partió a las 6 de la mañana rumbo a su diócesis en el norte del país, acuerpado por un grupo de sacerdotes y otro que lo esperaba en el trayecto, sin embargo, patrullas policiales rodearon su vehículo hasta llegar a su destino.
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Monseñor Álvarez tuvo que resguardarse en el Seminario en Matagalpa, que también fue sitiada por la Policía, junto a la sede de la Curia Arzobispal. El medio Confidencial reveló que la comunicación bilateral entre un sacerdote y el Gobierno permitió la salida del obispo.
La tarde del domingo, 22 de mayo, monseñor Carlos Avilés Cantón, vicario general de la Arquidiócesis de Managua, fustigó duramente el hostigamiento que ha emprendido el régimen en contra de la Iglesia católica, señalando que «la paz no es la paz de las tumbas».
Familiares de los presos políticos se sumaron al ayuno, con relevo de 24 horas, en solidaridad a la Iglesia católica y en demanda de la libertad inmediata de sus parientes.
El ayuno que inició este 23 y finalizará el 30 de mayo en solidaridad con las madres que perdieron a sus hijos durante la represión gubernamental de 2018.
En conferencia de prensa virtual, las organizaciones de familiares de los presos políticos reiteraron su llamado urgente a Nicaragua y a la comunidad internacional a promover acciones posibles para lograr la libertad inmediata, absoluta y con garantías de sus seres queridos; así como resguardar y proteger sus vidas e integridad ante la situación de extrema gravedad y riesgo en la que se encuentran por un posible patrón de torturas.
La Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua confirmó la sentencia condenatoria en contra del periodista y ex aspirante presidencial Miguel Mora, acusado por el régimen de presunto menoscabo a la integridad nacional y condenado a 13 años de cárcel.
La organización de abogados independientes, Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), informó que el Tribunal declaró sin lugar el recurso de apelación presentado por la defensa y denunció que las sentencias son dictadas sin convocar a audiencia de apelación. Anteriormente, la Sala Penal Uno también confirmó la sentencia condenatoria contra la dirigente opositora Ana Margarita Vijil.
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Cuatro personas muertas, entre miskitos y colonos, fue el resultado de un conflicto por posible invasión de tierras en Puerto Cabezas, informó Amaru Ruiz, presidente de la organización ambientalista Fundación del Río.
Ruiz detalló que un líder comunitario miskitu y su hijo, de nombres Tránsito Melgara, de 58 años, y Terling Melgara, de 25 años, fueron asesinados en la comunidad de Sukatpin, del Territorio Twi Waupasa.
Los mestizos colonos fallecidos fueron identificados como Gilberto Castro Hernández y David Castro Herrera. Organizaciones señalan que desde 2015 más de 50 indígenas han sido asesinados en invasiones de tierras y unos 15 territorios están invadidos en su totalidad, ante el silencio de las autoridades.
El observatorio Urnas Abiertas indicó que el Consejo Supremo Electoral aún no ha convocado para las elecciones municipales de este año, a pesar que, desde el 2000, el Poder Electoral elige el cinco de mayo para hacer el llamado.
La plataforma denunció que el Poder Electoral permanece en un estado de hermetismo y completo silencio, sin informar las razones que provocan el retraso, mientras el partido de Gobierno FSLN inició su propia propaganda en las redes sociales.
Urnas Abiertas añadió que «el gobierno continúa comprometiendo la legitimidad de estos comicios debido a una decisión discrecional del Consejo Supremo Electoral que afecta la posibilidad de que exista una verdadera organización, participación y fiscalización ciudadana».
