Daniel Ortega, el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), autorizó al Banco Central de Nicaragua (BCN) firmar el acuerdo de donación número 2160570 suscrito por la administración sandinista y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) el pasado 24 de marzo, por un montó de un mil cuatrocientos quince millones de yenes japoneses.
La cantidad donada por el gobierno de Japón a Nicaragua son alrededor de 10 millones de dólares, que según la administración de Ortega-Murillo será utilizada para «promover el desarrollo económico y social» del país.
A través del Acuerdo Presidencial 79-2022, publicado en la Gaceta Diario Oficial, Ortega autorizó que el BCN «suscriba y ejecute, en nombre y por cuenta del Gobierno de Nicaragua, el correspondiente acuerdo interbancario con el banco agente en Japón, y realice o autorice los demás trámites y documentos que fuese necesarios para operativizar el desembolso y la transferencia de los fondos correspondientes a esta donación, así como para el cumplimiento de dicho acuerdo interbancario».
El acuerdo presidencial publicado en La Gaceta no especifica qué tipo de obras o inversiones deberá realizar Ortega para destinar esos fondos, ni tampoco se detalla el mecanismo de rendición de cuentas y control que podría ejercer el Japón, para garantizar que esa donación millonaria se use en el «desarrollo económico y social» del país, tal y como está anunciado, y no se destine para aceitar la maquinaria represiva de la dictadura o que pase a engordar los bolsillos privados del anillo de poder que rodea a Ortega.
Desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua, en abril de 2018, debido a las múltiples violaciones de derechos humanos y el incremento de la represión por parte del Estado, el país ha sido sometido a intensas presiones internacionales y a restricción de financiamiento de países y organismos multilaterales; sin embargo, Ortega se la ha ingeniado para esquivar las sanciones, y amparado en las desgracias causadas por los huracanas Eta e Iota, que azotaron al país en el 2020, y en la pandemia del COVID-19, el régimen sandinista ha logrado desembolsos por encima del promedio de los años anteriores.
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Señaló que «la certificación de este Acuerdo Presidencial acreditará la representación del Banco Central de Nicaragua (BCN), para que, en su calidad de Agente Financiero del Gobierno de la República de Nicaragua, a través de su Gerente General, suscriba el acuerdo indicado en el artículo anterior y ejecute todas las actividades y operaciones necesarias que se deriven del mismo conforme los términos y condiciones que han sido previamente acordados entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de Japón».
De acuerdo con la información del sitio web de la entidad bancaria, Magaly María Sáenz Ulloa, es la actual Gerente General del BCN y es la autorizada por el dictador de Ortega para suscribir el donativo realizado por Japón al país.
Sáenz Ulloa ocupa este cargo en el BCN desde junio de 2021, quién fue designada por el Consejo Directivo de la institución para fungir en este puesto.
Por otra parte, el pasado 10 de mayo, el gobierno de Japón también donó al Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua suministros valorados en más de 400 mil dólares para combatir el COVID-19 y fortalecer la cadena de frío que permite mantener las vacunas para inmunizar contra el virus.
A través de la Agencia de las Naciones Unidas que trabaja para Defender los Derechos de la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), la Embajada de Japón entregó al Minsa 80 refrigeradores, 125 cajas frías y 130 refrigerantes para para ampliar la capacidad de almacenamiento de las vacunas.
