El despacho jurídico legal Abogados Defensores del Pueblo interpuso, ante la Oficina de recepción y distribución de causas y escritos (Ordice) del Complejo Judicial Central de Managua, un recurso de amparo en contra del acuerdo administrativo 10-22 que declaró de utilidad pública el edificio donde funcionaba la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Managua.
El escrito fue presentado el miércoles, 11 de mayo, por el defensor de derechos humanos José Antonio López, en el que recuerda que el régimen de Ortega ocupará el edifico expropiado para instalar lo que ha llamado «Museo de la infamia».
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López dijo a Artículo 66 que el objeto de interponer el recurso es para exigir «el respeto al estado social de derecho establecido en el artículo 6 de la Constitución Política».
El pasado 26 de abril, Rosario Murillo anunció la confiscación bajo la «ley» de su régimen del edificio donde funcionaba la Organización de Estados Americanos (OEA) en Managua, la que fue tomada por oficiales orteguistas desde el 24 del mismo mes.
«La Procuraría General de la República Nicaragua informa que el bien inmueble que ocupaba la oficina de la deplorable OEA, despreciable OEA, ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al Estado Nicaragua quien a través del (…) Instituto de Cultura va a desarrollar el Museo de la infamia», expresó la portavoz del régimen en su monólogo de ese día a medios oficialistas.
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Agregó que el acuerdo entraría en vigencia al publicarse en el diario oficial La Gaceta. «Todo esto es buena nueva; es expulsar y confirmar la expulsión y la ratificación de la OEA como infame y despreciable ministerio de colonia», despotricó Murillo.
Las nueva arremetida del régimen de Ortega ha sido condenada por la mayoría de los países miembros del organismo regional que ha señalado la acción «como un asalto a la democracia».
Recurren contra modificaciones a Ley de autonomía
Por otra parte, Defensores del Pueblo interpuso ante la Corte Suprema de Justicia dos recursos por inconstitucionalidad a la Ley 113, Ley de Reformas y adición a la Ley de Notariado, y al código de comercio de la república de Nicaragua, aprobada el 29 de marzo del año 2022.
Asimismo, se presentó en la CSJ otro recurso por inconstitucionalidad por la ley número 1114, Ley de reformas a la Ley 582, Ley General de Educación y de Reformas y adición a la Ley número 89 Ley de autonomía de las instituciones de educación superior.
El abogado José López quien fue el que interpuso los recursos señaló que la medida se tomó porque dichas leyes se oponen «a nuestra Constitución Política de Nicaragua en los artículos cinco, que dicta que son principios de la nación nicaragüense la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad de la persona humana. Artículo seis que constituye en un estado democrático social de derecho».
En los recursos interpuestos citan al dictador Daniel Ortega, presidente de NicaraguaM y a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, quienes son los que dictan y aprueban la leyes consideradas espurias.
Hasta la fecha, Defensores del Pueblo ha interpuesto 19 recursos contra el régimen de Daniel Ortega, incluyendo el de amparo por la toma del edificio de la OEA. Por su parte, la dictadura sigue sin pronunciarse.
