La expropiación de la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Managua por parte del régimen de Daniel Ortega volverá a la agenda del Consejo Permanente del organismo.
El exembajador de Nicaragua Arturo McFields informó que Canadá solicitó incluir el tema en una sesión extraordinaria que se realizará el viernes, 13 de mayo. La propuesta fue respaldada por Estados Unidos, Brasil, Grenada y Antigua y Barbudas.
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La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) demandó este miércoles a la Organización de los Estados Americanos (OEA) actuar «con firmeza» contra el régimen de Daniel Ortega, tras la expropiación de la sede del organismo en Managua el 24 de abril.
La organización opositora explicó que hizo llegar una misiva a la presidencia pro tempore de la OEA «instando al Consejo Permanente a defender y hacer cumplir el principio de inviolabilidad, privilegios e inmunidades de sus oficinas nacionales, como respuesta al atropello», por lo que abogaron para que se convoque a una reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores, bajo el artículo 61 de la Carta de la OEA para que siente un precedente en la región.
Raza e Igualdad respaldó la propuesta de tres eurodiputados que piden a la Unión Europea sancionar a 14 jueces de Nicaragua por ser «responsables directos de la represión» en el país centroamericano.
La organización de derechos humanos señaló que «los jueces y las juezas son responsables de graves violaciones a las garantías judiciales y a los derechos humanos contra las personas arbitrariamente detenidas y condenadas» por razones políticas.
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Por su parte, la diputada del Parlamento Europeo, Soraya Rodríguez, alertó este miércoles que la situación de los presos políticos nicaragüenses es de «emergencia humanitaria» y reiteró su demanda a la Unión Europea de aplicar penalidades a los operadores del sistema judicial por ser «parte del brazo represivo de la dictadura de Daniel Ortega.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más rechazó la condena contra los empresarios presos políticos Michael Healy y Álvaro Vargas, sentenciados a 13 y 9 años de cárcel, por los presuntos delitos de menoscabo a la integridad nacional y conspiración para cometer menoscabo, respectivamente.
La entidad calificó el proceso de «arbitrario e inconstitucional» por estar plagado de irregularidades y violaciones a los derechos humanos de los dirigentes gremiales.
Este miércoles, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) también demandó la libertad incondicional del sociólogo y economista Irving Larios, de 63 años. En caso de no ser puesto en libertad, la organización solicita que el preso político sea enviado a «casa por cárcel», debido a su delicado estado de salud.
El embajador de Daniel Ortega en Estados Unidos, Francisco Campbell, ha renunciado al cargo diplomático en al menos tres ocasiones, pero la pareja dictatorial de Nicaragua no acepta el retiro de su emisario que ya lleva 12 años en el puesto, reveló el exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Arturo McFields en un artículo de opinión publicado en el diario digital Infobae.
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El exdiplomático atribuye esta negativa de Daniel Ortega y Rosario Murillo a que la relación con Estados Unidos es «imprescindible» para este y todos los gobiernos que han pasado por Nicaragua, independientemente de sus ideologías, y, por tanto, el régimen no quiere correr el riesgo de quedar sin embajador y que la relación con el país norteamericano se degrade a un simple encargado de negocios.
El también periodista indicó que los aliados de Ortega, Rusia y China, «aportan chelines» en comparación al beneficio comercial con Estados Unidos, y «aunque no lo admitan» públicamente, tanto Daniel como Rosario, lo reconocen «a puertas cerradas».
