El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó la «arbitraria e inconstitucional» condena contra el presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente; quienes fueron condenados a 13 y 9 años de cárcel.
«Todo el proceso, desde sus detenciones y posteriores juicios, están plagados de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos. Las familias de Healy y Vargas están preocupadas por la situación de salud y malos tratos que padecen en las cárceles de El Nuevo Chipote», denunció el Colectivo.
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El juez orteguista Ángel Jeancarlos Fernández González, del Juzgado Cuarto Distrito Penal de Managua, condenó a Healy a 13 años de prisión por «menoscabo a la integridad nacional» y nueve años a Vargas por «conspiración a la integridad nacional». El proceso contra los dos rehenes de conciencia se desarrolló en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua, donde están cautivos desde hace más de seis meses.
La organización defensora recalca que todo el proceso «desde sus detenciones y posteriores juicios, están plagados de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos. Las familias de Healy y Vargas están preocupadas por la situación de salud y malos tratos que padecen en las cárceles de El Nuevo Chipote».
«Healy y Vargas engrosan la lista de empresarios detenidos y condenados inconstitucionalmente, como el expresidente del Cosep José Adán Aguerri y el gerente general del grupo financiero Banpro Luis Rivas», rechazan los defensores de derechos humanos que han expresado temer por la integridad física de los presos políticos de Ortega.
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Los directivos de la empresa privada fueron detenidos el 21 de octubre de 2021. Healy fue citado a la Fiscalía para una «entrevista» por el caso de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). Ese mismo día fue detenido minutos después de rendir declaración ante las autoridades orteguistas. Mientras que Vargas fue capturado en su vivienda.
El Colectivo repudia «las condenas y privaciones a la libertad que confirman la sistemática represión y graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Exigimos el cese de la persecución, la aplicación de leyes inconstitucionales y arbitrarias y la libertad plena de las más de 180 personas presas políticas», finaliza el comunicado.
