La Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) reiteró que el opositor y preso político Irving Larios Sánchez, de 63 años, —cautivo en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua— está enfermo.
La organización opositora exige que el miembro de la Articulación de Movimiento Sociales (AMS) sea puesto en libertad o se le cambie al régimen al de casa por cárcel para «evitar el deterioro de su salud».
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También demandan la libertad incondicional de todos los rehenes de conciencia que son adultos mayores y que, al igual que Larios, están con afectaciones en su salud. Según denuncias de familiares, los reos de conciencia se encuentran en condiciones infrahumanas.
Detenido desde el 20 de septiembre de 2021
El dirigente de la oposición fue detenido el 20 de septiembre de 2021 por la Policía del régimen en su vivienda. La dictadura lo señaló de violar la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, la misma herramienta jurídica que ocupó para judicializar a más de 40 líderes de oposición que están encarcelados desde finales de mayo del año pasado en el contexto electoral.
El nueve de marzo, la jueza Décimo Distrito Penal de Juicios, Nancy Aguirre Gudiel, condenó a Larios a una pena de 13 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además del pago de 800 días multas, unos 160 mil córdobas.
El rehén de conciencia lleva 231 días detenido en las celdas de «El Nuevo Chipote», un sitio donde —según opositores— los detenidos reciben torturas.
Irving Larios es economista, sociólogo y es presidente de Instituto de Investigaciones y Gestión Social (INGES). Esa entidad facilita y acompaña procesos de participación ciudadana, equidad de género, cambio generacional y la concertación de acciones para el desarrollo.
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El opositor es parte de los 40 presos políticos encarcelados meses previos a las elecciones generales del siete de noviembre de 2021. Además, el régimen ordenó la cancelación de la personalidad jurídica a la organización que dirigía, previo a su detención. Esa acción es parte de la embestida de la dictadura contra la libertad de asociación en el país.
Artículo 66 trató comunicarse con los familiares del opositor para conocer más detalles de su situación y saber si han solicitado de manera formal el cambio de régimen carcelario, sin embargo no se pudo establecer comunicación.