Defensores de derechos humanos señalaron que las palabras del presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, no tienen asidero legal, porque los país que son miembros de la entidad financiera están comprometidos a respetar los derechos humanos.
Ante el repudio y las críticas de diversas agrupaciones políticas de Nicaragua que acusan a BCIE de «exceder» su respaldo al régimen de Daniel Ortega, Mossi señaló que la organización que representa no es una «instancia» para denunciar los derechos humanos e instó a los opositores a «recurrir» a las entidades apropiadas.
«El BCIE tiene un código de ética y al mismo tiempo cuenta con una Oficina de Integridad y Cumplimiento que es una dependencia de la Gerencia de Riesgo del BCIE, esta se encarga de administrar y gestionar los riesgos del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, integridad y sanciones conforme los lineamientos, políticas y herramientas vigentes del BCIE», explicó la opositora y defensora de derechos humanos Haydée Castillo.
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«Esto tiene el propósito de prevenir y mitigar los efectos que podrían producirse si la organización, sus operaciones y actividades son utilizadas para lavados de activos, financiamiento al terrorismo y que esto se materialicen en riesgos de fraude y corrupción, de manera que, está clarísimo que el BCIE tiene un compromiso de cero tolerancia al fraude, corrupción y otras prácticas prohibidas que son, precisamente, lo que la comunidad internacional ha señalado al régimen Ortega-Murillo», agregó.
Según el defensor de derechos humanos Braulio Abarca, miembro del Colectivo Nicaragua Nunca Más, que el presidente del BCIE, Dante Mossi, manifieste que esta entidad internacional, «que fue originada dentro del SICA (Sistema de Integración Centroamericana), no tiene nada que ver para denunciar las violaciones a los derechos humanos es una afirmación que no tiene asidero jurídico, ya que todos los países democráticos que conforman el BCIE tienen la obligación de respetar los derechos humanos».
«Las organizaciones financieras como el BCIE tienen la obligación de respetar la cláusulas de protección a los derechos humanos y promoción de la democracia como lo establecen convenios internacionales o acuerdos multilaterales como los que aparecen en el Acuerdo de Asociación (AdA) entre Nicaragua y la Unión Europea, el CAFTA en Centroamérica que aborda sobre la protección de los DD. HH. y que al violentarse estos acuerdos están incumpliendo estos tratados», afirmó Abarca.
«BCIE financia a un régimen involucrado en corrupción»
Castillo manifestó que el BCIE está financiando un régimen que «está involucrado en una corruptela sin precedentes en el caso de la cooperación venezolana, con una política de terrorismo de Estado. Estamos claros que los que están financiando al régimen, realmente están, de alguna manera, contribuyendo al lavado de activos a nivel internacional».
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«Incluso habria que analizar qué está pasando con el financiamiento para compra de armas y las relaciones que está sosteniendo (Daniel Ortega) con Rusia e Irán», dijo.
Explicó que el Dante Mossi, presidente del BCIE no puede ser «indiferente» a las violaciones a derechos humanos en ningún país de sus estados miembros. «No puede ser que la economía esté al margen de los derechos humanos. La economía, la política, el ambiente, el desarrollo, la integridad, los valores, la ética, son cosas que necesariamente deben de ir de la mano», argumentó.
«Es crucial que la comunidad internacional conozca lo que sucede, que los préstamos que están oxigenando a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo cesen, es crucial que las organizaciones internacionales que brindan prestamos dejen de hacerlo porque todo lo que se manda a Nicaragua se ocupa para reprimir a la población», añadió Abarca.
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La defensora de derechos humanos indicó que se debe iniciar un proceso de incidencia directa con los miembros que son socios del BCIE, los tomadores de decisiones que son los directores de cada país ante la entidad financiera para que no se aprueben los préstamos para el régimen de Nicaragua.
Autocracia hegemónica
Abarca lamentó que el pueblo de Nicaragua se encuentre bajo una dictadura y no en una democracia institucionalizada donde se respeten los derechos humanos y haya separación de Poderes del Estado.
«Existe una autocracia hegemónica perpetrándose en el poder conformada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, por lo cual se encuentran violentando el tema de derechos, libertades fundamentales y, por ende, transgreden y violentan los instrumentos internacionales como la Convención Americana y el protocolo de Tegucigalpa», señaló.
«En los últimos meses ha habido un aumento del Presupuesto General de la República para Policía y Ejército, lo que evidencia que el dinero se está mal invirtiendo en estos temas y se está dejando de invertir en educación, salud y desarrollo de las comunidades, protección de la primera infancia, todo está encaminado a soslayar al pueblo nicaragüense», finalizó.
