El régimen de Daniel Ortega, a través de su aplanadora de diputados en la Asamblea Nacional, cancelará 25 organizaciones sin fines de lucro, entre las que sobresale Fundación Diez, una entidad social del Canal 10 de televisión; y la asociación Programa Regional Feminista la Corriente, dirigida por la defensora de derechos humanos María Teresa Blandón.
La iniciativa para «aniquilar» las oenegés fue presentada el dos de mayo por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien el pasado 29 de abril ya había solicitado aniquilar a otras 25, la que sumarían 50 organizaciones ilegalizadas en menos de una semana.
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El parlamentario alegó que las entidades han incumplido con sus obligaciones conforme las leyes que les rigen como organismos sin fines lucro, siendo estas las siguientes:
Ley 147, Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; Decreto Ejecutivo 15 -2018 Reglamento de la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La iniciativa también señala que los 25 organismos «han obstaculizado el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro que a tal efecto lleva el Ministerio de Gobernación, debido a que al no cumplir con las leyes que les rigen y regulan han actuado contra ley expresa, por lo que el Ministerio de Gobernación ha solicitado (…) a esta Asamblea Nacional la cancelación de la personalidad jurídica de estas entidades».
«Por lo antes relacionado (…) se solicita la cancelación de la personalidad jurídica de las diferentes entidades relacionadas en esta Iniciativa de Decreto Legislativo, por lo que se solicita al Plenario la aprobación de la cancelación de las respectivas personalidades jurídicas», detalla el documento enviado por el diputado Rodríguez, que preside la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos.
Fundación Diez espera fallo final del régimen
Una fuente vinculada con Fundación Diez dijo a Artículo 66 que la oenegé continúa trabajando normal. «Por el momento se están esperando los resultados y hasta que se den los resultados finales seguiremos trabajando», dijo.
«Trataremos de seguir trabajando por la gente que ha confiado en nosotros», agregó alentada la fuente consultada de la Fundación que tiene 15 años de existir y que han beneficiado a casi 90 mil nicaragüenses.
«La verdad esto se venía sintiendo desde hace rato, pero los más sorprendidos fueron los nicaragüenses», señaló otra persona consultada por este medio de comunicación. Además informó que al igual que a todas las organizaciones no gubernamentales, el Ministerio de Gobernación no les aceptaba la documentación.
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Por otra parte, se intentó conocer las reacciones por parte de Canal Diez para saber si esta nueva arremetida afectará directamente al medio televisivo, sin embargo el jefe de prensa, Mauricio Madrigal prefirió no referirse por el momento y aseguró que la oenegé no tiene nada que ver con el medio de comunicación.
En cuanto a la organización feminista La Corriente, se trató de buscar la reacción de su presidenta María Teresa Blandón, sin embargo no se pudo establecer comunicación.
Estas son las otras 23 oenegés que descabezará Ortega
La otras organizaciones que serán ilegalizadas por ordenes del régimen de Ortega son, Fundación «Grupo Fundemos», Asociación Juventud por la Democracia de Nicaragua (Judenic), Asociación para el desarrollo del pacifico su de Nicaragua, Asociación Promotora de Beneficios Mutuos (Probemos), la academia de Ciencias de Nicaragua (ACN).
En la lista negra del régimen también están la Fundación Poetas Organizados en un Espacio Social, Intelectual y Artístico (FUNDACION POESIA), Fundación Amigos en Acción en Nicaragua, la Asociación “Centro de Formación Juvenil” (CEFOJ), Fundación Nicaragüense de Apoyo a Programas Sociales (FUNIAPS), Asociación Biodiversidad de Nicaragua (BIONIC).
La lista continúa, siendo la Asociación Casa de la Mujer Bocana de Paiwas, la Asociación Sin Fines de Lucro Tierra, Asociación Movimiento de Jóvenes de Ometepe (AMOJO),Asociación para la Promoción de la Mujer de Waslala (APROMUWA), Asociación Trabajadores para la Educación, Salud e Integración Social (TESIS), Asociación Nicaragüense de Cirugía General (A.N.C.G). Fundación para la Promoción y el Desarrollo Sostenible en el Istmo de Rivas (ITSMO).
Fundación Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM), Asociación Campesina de Condega “Conociéndonos y Produciendo”, (A.C.C.P). Fundación Hermanamientos de Nueva Guinea “Luz en la Selva”, Fundación Yarrince (FUNDAYA), Fundación Apapachoa y la Asociación de Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales (CIPA).
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La iniciativa señala que a efecto de la cancelación de las personalidades jurídicas, el Departamento de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación deberá proceder a la cancelación de la inscripción respectiva de cada una de estas asociaciones en un plazo no mayor de 72 horas.
Una vez se cumpla este paso, agrega que «los bienes y acciones que pertenezcan a las asociaciones, tendrán previa liquidación, el destino previsto en el acto Constitutivo o en su Estatuto. Si nada se hubiera dispuesto sobre al respecto, estos pasarán a ser propiedad del Estado de conformidad a la Ley de la materia».
Desde el 2018 hasta la fecha, la dictadura de Ortega han ilegalizado alrededor de 150 ONG nicaragüenses, ocho meses después de que estallara una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social calificada como un intento de golpe de Estado por Ortega.
Universidades, asociaciones que apoyan a la niñez, entre otras han sido las oenegés que han sido anuladas por la dictadura, bajo la excusa de que estas han incumplido la Ley de Nicaragua.