El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, por medio de un comunicado, conmemoró el día mundial de la libertad de prensa que, «pese a vivir bajo el ataque sistemático del régimen Ortega Murillo», sigue asumiendo «desafíos, riesgos y acompañando a las víctimas que buscan verdad, justicia y libertad», reza el documento de la organización defensora de derechos humanos.
Denuncian que a cuatro años «de la brutal represión de abril 2018, el gremio de periodistas independientes continúa bajo persecución, hostigamientos, amenazas, censura, quema o expropiación de medios de comunicación, desplazamientos forzados dentro y fuera del país, entre otras graves violaciones contra las personas de prensa».
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Durante el primer trimestre de 2022 la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) documentó 78 denuncias, «las cuales implican 175 ataques a la libertad de expresión y a la libertad de prensa». En ese periodo, al menos 75 periodistas fueron agredidos, entre ellos 29 mujeres.
El colectivo destacó que «en una sociedad democrática la libertad de prensa constituye una base no solo para el periodismo sino para la comunidad, que necesita contar con información fidedigna que incida en su desarrollo y seguridad. Por el contrario, el régimen pretende silenciar a la sociedad para que no siga resistiendo y denunciando los graves abusos del poder que violenta todos los días los derechos humanos de quienes opinan diferente».
Los tres primeros meses del año estuvieron marcados por las condenas a los periodistas Miguel Mendoza y Miguel Mora, así como a los miembros de la directiva del diario La Prensa: Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann Chamorro. Además, al líder estudiantil y licenciado en Comunicación Social Lesther Alemán y a la estudiante de periodismo Samantha Jirón.
«Periodistas independientes son criminalizados, acusados falsamente en procesos arbitrarios e inconstitucionales donde no se respeta ningún derecho ni garantía, como el caso de los periodistas Miguel Mendoza, Miguel Mora y de cientos de presos y presas políticas», añade la organización defensora.
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El régimen también ha cancelado la personalidad jurídica de las organizaciones promotoras de la libertad de expresión como la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y Pen Nicaragua.
«Seguimos denunciando la represión estatal y paraestatal ejercida contra el periodismo independiente y la población nicaragüense, así como las leyes mordazas que quieren hacer callar la voz de un pueblo que continúa en resistencia, para vivir en libertad. Reiteramos la demanda de verdad y justicia por el asesinato de Ángel Gahona y el cese de la persecución y criminalización contra la libertad de expresión, así como la devolución de todos los bienes confiscados a medios de comunicación independientes», finalizó el comunicado.
Al menos 120 periodistas nicaragüenses han decidido irse al exilio desde abril de 2018, principalmente a Costa Rica, Estados Unidos y España. Además, las autoridades han cerrado más de 20 medios locales y ejercen en la actualidad presiones económicas contra los canales de televisión 10 y 12 y la emisora Radio Corporación, de acuerdo con el colectivo.