La «guerra» declarada de «facto» contra los periodistas nicaragüenses por parte de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus operarios no cesa, así ha quedado plasmado en marzo de 2022, según el informe de la red regional Voces del Sur, organismo que vigila los ataques a la libertad de prensa en el país.
La estigmatización, hostigamiento, agresiones y difamación prevalecen contra los hombres y mujeres de prensa que documentan las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Voces del Sur registró en ese periodo «103 casos de violaciones a la libertad de prensa; 94 fueron perpetrados contra medios de comunicación (91.2 %), 8 contra personas naturales (7.8 %) y 1 caso en contra de una organización gremial de periodistas (1%)».
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La entidad recoge el caso del periodista Wilmer Benavides, redactor en Artículo 66, a quien en la madrugada del sábado 26, de febrero, sujetos desconocidos lanzaron un papel envuelto en una piedra en el interior de la vivienda de la mamá del comunicador, donde lo cuestionan por su preferencia sexual y su labor periodística en este medio de comunicación.
Esa amenaza Benavides la hizo pública el primero de marzo. «Recordamos que la Constitución Política de Nicaragua garantiza igualdad, respeto y no discriminación para los ciudadanos sin importar “credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social”, demandamos cese a las amenazas de muerte y los intentos de discriminación como “arma” para callar a quienes hacen periodismo», indicó el organismo.
Asimismo, hacen énfasis en las continuas difamaciones contra la directora y fundadora del sitio multimedia Nicaragua Investiga, Jennifer Ortiz, quien fue tildada por el artista Rafael Méndez de «temeraria, una influencer que tiene nexos con el FBI (Buró Federal de Investigación, del departamento de Justicia de Estados Unidos), que continúa vertiendo veneno».
Mendez profirió esas afirmaciones el 16 de marzo en el programa Choque de Opiniones, que se transmite en Radio 800, propiedad del político y defensor de Daniel Ortega, Enrique Quiñónez. Días antes en Nicaragua Investiga publicaron una nota sobre la utilización de presta firmas por parte de Moisés Absalón Pastora para hacerse de contratos millonarios estatales.
Voces del Sur recalca que esa situación ha obligado a más de 70 periodistas a exiliarse y que esa misma línea han tenido que seguir abogados, trabajadores de ONG y consultores, quienes son criminalizados por el gobierno de turno por su labor. También remarcan los juicios políticos y condenas contra periodistas y directivos de medios de comunicación, tales casos aluden a Juan Lorenzo Holmann, gerente general de La Prensa, el comentarista político Jaime Arellano y el cronista deportivo Miguel Mendoza, los tres ciudadanos engrosan la lista de más de 180 personas presas políticas de Nicaragua.