La Unión Europea (UE) manifestó, este jueves 28 de abril, que «deplora» la confiscación de facto de las instalaciones, documentos y bienes de la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Nicaragua, la cual fue declarada de «utilidad pública» por la administración de Daniel Ortega, donde pretende montar un «Museo de la Infamia».
Nabila Massrali, portavoz de Asuntos Exteriores del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), indicó en su cuenta de Twitter, que «la UE deplora la reciente incautación de las instalaciones de la OEA por parte de las autoridades nicaragüenses. Esto viola las normas diplomáticas básicas según la Convención de Viena de 1961».
La funcionaria de la Unión Europea le recordó al régimen de Daniel Ortega que «debe cumplir con sus compromisos internacionales, en particular el acuerdo de establecimiento de 1989 entre Nicaragua y la OEA».
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El acuerdo que menciona Massrali, es el documento de «Privilegios e Inmunidades de la OEA», que en 1989, el canciller de ese año, Miguel d’Escoto, firmó como representante de Nicaragua. Dicho acuerdo, detalla que «el gobierno le reconoce a la Oficina de la Secretaría General contra todo tipo de procedimientos, allanamientos, registro, confiscación o cualquier otra medida, sin el consentimiento de las autoridades de la Secretaría General».
Luis Almagro, Secretario General de la OEA, señaló este miércoles, ante el Consejo Permanente del organismo que la expropiación de la sede de la OEA en Managua «es un antecedente peligroso» y pidió «actuar ya sino queremos que mañana sean otros los perjudicados».
El funcionario aseguró que la decisión de Nicaragua viola la Carta de la OEA, el Acuerdo de Sede de la OEA con sus estados miembros y el Acuerdo de Inmunidades que el organismo tiene con Nicaragua. «Nada puede justificar el desconocimiento de inmunidades y privilegios que gozan las instalaciones, los bienes y los archivos de una organización internacional», dijo.
Por su parte, los Estados miembros del Consejo Permanente indicaron que el régimen de Nicaragua «llegó al extremo, no hay límites en el país» pues no respetaron la «santidad diplomática» de la sede.