El representante interino de Estados Unidos EEUU ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Bradley A. Freden, pidió al organismo “otras respuestas” tras la ocupación de su oficina en Nicaragua por parte de las fuerzas de seguridad del país.
“No podemos encogernos de hombros y mirar hacia otro lado”, dijo Freden durante la última reunión del Consejo Permanente de la OEA, en la que se discutió sobre la ocupación del inmueble a petición del secretario general de la organización, Luis Almagro.
Sin entrar en detalles, el estadounidense advirtió de que el organismo no debe tener miedo de “aplicar las normas” en casos como el de Nicaragua, que sigue sujeta a sus obligaciones hasta 2023, después de haber solicitado su salida de la OEA en noviembre pasado.
La condena a la ocupación del inmueble fue unánime entre los miembros del organismo.
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“Es una afrenta a toda Latinoamérica”, dijo el secretario general, Luis Almagro. Para el uruguayo, la decisión del gobierno de Ortega de decomisar el edificio, que pasará a albergar un “museo de la infamia”, sienta un precedente peligroso en la región.
En la misma línea, el representante permanente de Uruguay ante la OEA, Washington Abdala, advirtió de que el camino emprendido por las autoridades nicaragüenses “no tiene final”.
El representante de Perú, Harold Forsyth, no se mostró tan consternado por la ocupación del inmueble como sus compañeros, pero se cuidó de asegurar que respetaría el consenso alcanzado por la organización.
Para Forsyth, lo ocurrido en Nicaragua es “lo más parecido a una película de Almodóvar”. El peruano consideró que el asunto ni siquiera debería ser tratado por la organización salvo por el hecho de que son ellos los afectados.
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Esta idea fue una de las más repetidas en las intervenciones. “Nicaragua rompió su acuerdo con todos nosotros”, argumentó consternado el representante de Antigua y Barbuda, Ronald Michael Sanders. “El régimen dictatorial (de Ortega) nos agrede a todos”, dijo por su parte la representante venezolana.
Venezuela repudió también la ocupación de la oficina, haciendo énfasis en el Derecho internacional, que protege con inmunidad a las sedes y a los trabajadores de organismos multilaterales.
El domingo, La Policía nicaragüense ocupó la sede de la OEA en Managua después de que el canciller del país, Denis Moncada, apareciera en la televisión nacional tildando al organismo de “instrumento del imperialismo yanqui” y ratificando su decisión de abandonarlo.
La relación entre el Gobierno de Ortega y el organismo multilateral, con sede en Washington, ha ido deteriorándose desde las protestas que tuvieron lugar en el país en 2018 y que acabaron con cientos de muertos, presos y desaparecidos.
La OEA, después de numerosas condenas, inició un proceso (que no prosperó por desacuerdos internos) para suspender al país del organismo, y se negó a reconocer los resultados de las últimas elecciones, en las que Ortega fue reelegido para un cuarto mandato, el pasado noviembre.
Como reacción, las autoridades nicaragüenses anunciaron ese mismo mes su intención de abandonar el organismo, aunque según el reglamento, el país debe esperar dos años para que la retirada se haga efectiva.
