El Gobierno de Reino Unido aseguró que, a cuatro años de la represión ejecutada por el régimen de Daniel Ortega contra el pueblo de Nicaragua, sigue «presionando por un retorno a la democracia y por la liberación de los presos políticos».
La Ministra de relaciones exteriores para América Latina y el Caribe, Vicky Ford, reiteró que la administración británica ha sancionado a 14 funcionarios orteguistas «por socavar la democracia y los derechos humanos», entre ellos; Rosario Murillo.
«Hace 4 años Ortega reprimió de forma violenta las protestas democráticas en Nicaragua. El Reino Unido ha sancionado a 14 líderes nicaragüenses por socavar la democracia y los derechos humanos. Seguimos presionando por un retorno a la democracia y por la liberación de los presos políticos», escribió la diplomática en su cuenta de Twitter.
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La lista de sancionados por el Reino Unido la encabeza Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, esposa de Ortega y vocera del régimen. Los otros operadores políticos que la acompañan son: Lumberto Ignacio Campbell Hooker, magistrado del Consejo Supremo Electoral, la fiscal general de la República, Ana Julia Guido Ochoa; Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua; los comisionados de la Policía Juan Valle Valle y Fidel Domínguez; Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; y Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; todos también incluidos en la lista negra de Estados Unidos.
También, han designado sanciones para el comisionado y subdirector de la Policía orteguista en el departamento de Masaya, Ramón Antonio Avellán; la exministra de Salud, Sonia Castro González; el director general de la Policía Nacional y consuegro de la pareja presidencial, comisionado Francisco Javier Díaz; el asesor presidencial, Néstor Moncada; el comisionado general de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), comisionado Luis Pérez Olivas; y el jefe de la Dirección de Operaciones Policiales Especiales (DOEP), comisionado Justo Pastor.
El Reino Unido en reiteradas ocasiones ha demandado a la administración de Ortega la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos; y el restablecimiento completo de sus derechos civiles y políticos.
A cuatro años de la rebelión cívica, defensores nicaragüenses han denunciado que «continúa el asedio, la represión, la migración y la impunidad para las víctimas que al contrario solo sufren la persecución del régimen orteguista y sus paramilitares».