La dictadura de Daniel Ortega, a través de una iniciativa presentada ante la Asamblea Nacional por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, prepara la cancelación de otras 25 organizaciones no gubernamentales, entre las que figuran la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Coordinadora Nicaragüense de Organismos no Gubernamentales que Trabajan con la Niñez y Adolescencia (Codeni).
De acuerdo a la iniciativa, con fecha del seis de abril y publicada este lunes por la Asamblea, entre la exposición de motivos del decreto enviado por el diputado Rodríguez, que preside la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, estas organizaciones no reportaron sus informes financieros conforme los períodos fiscales y desgloses detallados según lo establece la ley.
“En virtud de lo antes relacionado (…) se ha solicitado a esta honorable Asamblea Nacional la cancelación de la personalidad jurídica de estas entidades u organismos ya relacionados por haber incumplido la legislación de la materia que les regula como asociaciones sin fines de lucro”, detalla el documento.
En el caso de la CPDH, hasta ahora era la única entidad de derechos humanos que laboraba legalmente en Nicaragua. El pasado 28 de febrero la junta directiva de esa organización denunció que en ese momento Gobernación se negó a recibirles el informe financiero anual que como institución está obligada a cumplir.
El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, manifestó en ese momento que la negativa por parte de la institución del Estado se viene dando desde el 2018, año en que se dio la protesta cívica contra el régimen de Daniel Ortega, por lo que la cancelación de la personería jurídica era “cuestión de tiempo”.
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Otras organizaciones
Entre otras organizaciones próximas a cancelar y que representan un duro golpe para la población está la Coordinadora Nicaragüense de Organismos no Gubernamentales que Trabajan con la Niñez y Adolescencia (Codeni), entidad que por años expuso la situación de vulnerabilidad que ha vivido este grupo de la población.
Codeni, constituida en 1992, y que aglutinaba a unas 19 organizaciones no gubernamentales que velaban por la defensa de la niñez y adolescencia, estaba en la mira de Gobernación desde agosto de 2021, cuando dicha institución estatal le notificó que realizaría una visita en sus oficinas para “revisar el cumplimiento de los fines y objetivos por los cuales se constituyeron y se registraron».
Además, el régimen cancelará la personalidad de la Fundación General José Dolores Estrada, la Asociación para el Desarrollo Juvenil, la Asociación Cívica por la Democracia (ACD), la Asociación Instituto de Capacitación Política Liberal Once de Julio, la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, la Fundación Centro de Comunicación y Educación Popular Cantera, la Asociación Nicaragüense de Cinematografía.
Asimismo, la Fundación COEN, del empresario Piero Coen, la Asociación Cultural Tininiska (ACT), la Asociación Centro de Capacitación de la Mujer Obrera, la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Indígena de Sutiaba, la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, creada por el poeta Ernesto Cardenal (q.e.p.d) en los años ochenta.
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A la lista se suman la Asociación Desarrollo y Responsabilidad Social (D.R.S.), la Fundación Nicaragüense para la Promoción de la Democracia, la Paz, y el Desarrollo de la Sociedad Civil (Fundepaz), la Asociación Civil de Productores de Caña de Azúcar (Aprocari), la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), la Fundación Luisa Mercado (Funlum), que dirige el escritor nicaragüense exiliado en España, Sergio Ramírez Mercado, la Asociación Academia Nicaragüense de las Ciencias Jurídicas y Políticas (ANCJP), el Centro de Derechos Constitucionales (CDC), de la que la opositora Azahalea Solis era miembro.
Por último, figura la Fundación Apostamos por la Vida (Fundavida) y la Asociación Octupan Lugar de Grandes Caminos.
La iniciativa señala que a efecto de la cancelación de las personerías jurídicas, el Departamento de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro del Ministerio gobernación deberá proceder a la cancelación de la inscripción respectiva de cada una de estas asociaciones en un plazo no mayor de 72 horas.
Una vez se cumpla este paso, agrega que “los bienes y acciones que pertenezcan a las asociaciones, tendrán previa liquidación, el destino previsto en el acto Constitutivo o en su Estatuto. Si nada se hubiera dispuesto sobre al respecto, estos pasarán a ser propiedad del Estado de conformidad a la Ley de la materia”.
Más de 100 oenegés ilegalizadas
En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, se han ilegalizado al menos 112 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social calificada como un intento de golpe de Estado por Ortega.
Las últimas 25 ONG, entre ellas la filial nicaragüense de Operación Sonrisas, fueron anuladas el 17 de marzo pasado.
Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas, y centros de pensamiento, entre otras.