Abogados, académicos y defensores de derechos humanos internacionales concluyeron que los juicios políticos contra los opositores en Nicaragua son usados para callar a las voces disidentes y medios de comunicación.
En el evento «Juicios, arbitrariedades y nulidades como arma de represión» organizado por Voces del Sur Unidas, señalaron que la situación del país se vuelve cada más compleja.
Thomas Burt, de Voces del Sur, denunció la criminalización y judicialización de la prensa independiente de Nicaragua y la cancelación de la personalidad jurídica de las organizaciones no gubernamentales. El evento busca poner en relieve internacional el caso de Nicaragua.
El caso de la Fundación Violeta
La abogada Orieta Benavides, defensora de la expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y aspirante presidencial, Cristiana Chamorro, denunció las irregularidades y dijo que fue «un manual de violaciones al debido proceso. Estamos hablando de la tragedia de todos los imputados en el caso contra la Fundación».
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«El sistema comenzó articularse para abrir delitos falsos en contra de Cristiana Chamorro y los otros directivos de la Fundación. Durante la etapa investigativa, que le corresponde al Ministerio Público, fue notoria la violación al debido proceso desde la citación, le negaron el derecho a ser asistido por un abogado de su elección, tampoco se nos propinaron actas de entrevistas, jamás se le dijeron los cargos por los que fueron acusados», dijo Benavides.
La abogada explicó que ante la inminente detención de sus defendidos presentaron recursos de exhibición personal y el Tribunal de Apelaciones resolvió un solo día los recursos negando la posible detención porque supuestamente «no había amenaza».
«Fueron llevados en secreto a la audiencia de garantías constitucionales, le impusieron un defensor público, no le permitieron comunicarse con sus familiares. Les impusieron plazos de 90 días para la investigación», agregó al tiempo que reveló que las audiencias se realizaron en la casa de Chamorro, en el Complejo Judicial y «El Chipote».
Según Benavides, el ocho de junio fue el único día que tuvo acceso a una reunión de 30 minutos con su defendida. Durante el juicio, aseguró, se presentaron más 3 mil documentos como pruebas «que demostraban la ilegalidad del juicio y la inocencia de nuestros defendidos».
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Afirmó que el juez que conoció la causa solo se tomó unos 20 minutos para dar su veredicto final de culpabilidad. Luego le fueron impuestas penas que van desde los seis hasta los 13 años de cárcel y multas millonarias que superan los 110 millones de córdobas para cada uno.
«Hubo mala utilización de los estándares internacionales»
Los presos políticos en el caso de la FVBCH fueron acusados por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, falsedad ideológica, retención indebida, entre otros delitos. Según Jocelyn Nieva, asesora legal principal para América latina y el Caribe de The International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) en Nicaragua hubo «mala utilización de los estándares globales para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Esa ley es intormisoria y tiene sanciones severas, limita el trabajo legítimo de las organizaciones».
Nieva señaló que la aplicación de las leyes es Nicaragua se usan para restringir el espacio cívico, aplicar restricciones legales enfocadas en las organizaciones, limitaciones a derechos humanos, aversión al riesgo financiero y la exclusión financiera
José Ugaz, abogado penalista experto en derechos humanos, calificó de cleptocrático al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y que en el país no existe administración de justicia en Nicaragua porque «está organizada desde la lógica de la corrupción y es un sometimiento partidario, lo que significa que se tienen juzgadores obedientes a las instrucciones del régimen».
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«En Nicaragua no existen separación de Poderes ni instituciones, es conocida por ser un país con tráfico de influencias, impunidad y actos de corrupción», resaltó.
«Sin dar una apariencia de legalidad, su sistema de justicia está controlado y ha concentrado todo en el Poder Ejecutivo. Desde el 2018 el Gobierno fue, de manera muy calculada, adoptando medidas coercitivas para lograr ese control dentro de una apariencia de paz. Las formas a través de la cual el Gobierno ha implementado esa llamada legalidad autoritaria fue por medio de la aprobación de leyes represivas», agregó Paulo Abrão, abogado y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los desafíos del sistema internacional
Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, explicó que el sistema internacional se «ha quedado absolutamente corto para poder hacer algo efectivo en la situación de Nicaragua» porque existe una «gran incapacidad para intervenir de manera preventiva a pesar de las múltiples advertencias emitidas».
Apuntó que desde el año 2018 se empezaron a levantar algunas de las alertas de lo que podía pasar en Nicaragua. Aseguró que Daniel Ortega nunca ocultó sus intenciones de acumular el poder y que «todo lo que ha sucedido en Nicaragua ha sido hecho a plena luz del día y ha sido hecho con la complicidad de algunos sectores internos del país que quizá ahora podrían estar un tanto arrepentidos».
Chinchilla manifestó que ha detectado una incapacidad para garantizar los compromisos legales que ese tipo de regímenes asumen frente a algunas resoluciones que se aprueban mediante resoluciones como las aprobadas por la Organización de Estados Americanos (OEA). «El régimen se vuelve un experto en ganar tiempo», lamentó.
Agregó que también hay una «gran incapacidad para pronunciarse manera categórica, lo cual de alguna manera oxigena políticamente a este régimen ante las obligaciones de derechos humanos. Es increíble que hoy día no haya sido posible aplicar la Carta Democrática y los instrumentos que la misma implica», adujo.
La exmandataria costarricense aseguró que el régimen Ortega-Murillo no solamente se burla de los distintos instrumentos en materia de derechos humanos de protección de la democracia a nivel regional y a nivel de Naciones Unidas; sino que empieza a utilizar los instrumentos existentes como el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) para sus propios propósitos.
«Aquí tenemos un serio problema que tenemos que reconocer, que hay un Sistema Interamericano diseñado para responder a la interrupción abrupta del orden constitucional y de la democracia, pero no para responder al deterioro paulatino como son los casos actuales del deterioro que estamos observando», aseguró.
Ciro Colombara, abogado chileno, coincidió con Chinchilla que el sistema internacional ha dado resultados «insuficientes o incapaces de resolver por sí mismos una situación tan grave que afecta a miles o a millones de personas, en este caso en Nicaragua».
«Desde esa perspectiva como sociedad se trata de un desafío que no hemos sido capaces de resolver. Ortega-Murillo y su camarilla llevan más de 15 años en el poder y, en definitiva, pese a todo lo que se ha hecho lo que ha ocurrido en el último tiempo nos da cuenta de que la situación es más grave de lo imaginable y es más difícil de modificar. Necesariamente tenemos que pasar a otra etapa, pasar de la reflexión a la acción, no sólo de organismos internacionales, no solo de los Estados; sino también de la sociedad civil», argumentó.