Ortega quiere «intimidar y censurar» a quienes trabajan en la promoción de la libertad de expresión

La red regional Voces del Sur, que aglutina a organizaciones de la sociedad civil de America Latina, calificó el juicio político contra los extrabajadores y exdirectivos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) como un proceso intimidatorio que pretende «silenciar a quienes se oponen al régimen dictatorial de Daniel Ortega».

A través de un comunicado, el organismo mostró su preocupación por las irregularidades que han marcado el proceso judicial y las condiciones inhumanas en las que se encuentran las cinco personas implicadas en el caso.

«Los juicios contra los exdirectivos y extrabajadores de la Fundación arrancaron el tres de marzo en el recinto policial ‘El Chipote’, donde han sido torturados y han permanecido prácticamente incomunicados la mayoría de los detenidos políticos», señaló.

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Remarcó que «el arbitrario proceso legal se llevó a cabo con la presencia de un fuerte contingente policial y con intervenciones de apenas 3 minutos diarios por cada detenido para expresar sus argumentos».

Para la organización, el proceso judicial contra los cinco presos políticos de la FVBCH está «claramente forjado para intimidar y censurar a quienes han trabajado en la promoción de la libertad de expresión».

El 11 de marzo, el juez Noveno de Distrito Penal de Juicios de Managua, Luden Martín Quiroz García, declaró culpables a los cinco extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

La Fiscalía orteguista solicitó ocho años de prisión para Cristiana Chamorro, 13 para los extrabajadores de la FVBCH, Walter Gómez y Marco Fletes; siete años para Pedro Vásquez, conductor de la exaspirante a la Presidencia, y nueve para Pedro Joaquín Chamorro, hermano de Cristiana.

Cristiana Chamorro, Gómez y Fletes fueron encontrados culpables por los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida y lavado de dinero, bienes y activos, todos estos delitos habrían sido cometidos a través de la FVBCH.

Mientras que a Pedro Joaquín Chamorro se le culpó de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida, delitos también cometidos desde la organización. A Vásquez la justicia orteguista lo acusa de colaborador necesario para el delito de lavado de dinero, bienes y activos.

La acusación por parte de la justicia de Daniel Ortega también incluye al periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana; los extrabajadores de la FVBCH Guillermo Medrano, Lourdes Arróliga y Ana Elisa Martínez. Los cuatro acusados que no están detenidos se encuentran en el exilio ante la inminente amenaza de captura en su contra.

Los miembros de Voces del Sur exigen a la justicia de Ortega que revise las más de 1000 pruebas que han sido presentadas por la defensa de los extrabajadores de la FVBCH «y que, como han denunciado los abogados defensores, no fueron consideradas en este proceso plagado de irregularidades».

La lectura de sentencia está programada para el próximo 21 de marzo. Ante esto, la organización considera que la justicia de Ortega dictará una «sentencia aberrante, violatoria del debido proceso y que afecta gravemente a la libertad de expresión en América Latina».