Una joven desconocida y sin experiencia en el servicio exterior fue ascendida a primera secretaria de la delegación de Nicaragua ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) con sede en Nueva York, Estados Unidos. Se trata de Eleane Pichardo Urbina.
Su «asunción diplomática» se dio el 28 de marzo de 2022, según consta en el acuerdo ministerial 20-2022 publicado en La Gaceta, Diario Oficial de este jueves, 31 de marzo.
Noticia relacionada: Daniel Ortega y su ajedrez diplomático: Denuncias, renuncias y cambios
La joven estudió la carrera de contaduría pública y auditoría en la Universidad Centroamericana (UCA), según su perfil en la red social Facebook. En Linkedin refleja que culminó sus estudios en 2020 y en febrero de 2018 inició a laborar como auxiliar contable en la agencia de vigilancia y seguridad INDACASA.
El 20 de abril de 2021, Eleane Pichardo había sido nombrada tercera secretaria de la misión permanente de la República de Nicaragua ante la Organización de las Naciones Unidas.
Los golpes diplomáticos
Marzo le ha dejado a los Ortega-Murillo un «golpe bajo» a nivel internacional. Sus propios delegados están denunciando al Estado de Nicaragua por represor, inhumano y responsable del desmantelamiento democrático de las instituciones del país
El 23 de marzo de 2022 sucedió un hecho sin precedentes en la historia política de Nicaragua. Ante un foro continental y en vivo, el entonces embajador del régimen de Daniel Ortega, Arturo McFields, denunció a la pareja de dictadores, sus crímenes y demandó la liberación de los cerca de 180 presos políticos.
Pero este episodio en la Organización de los Estados Americanos (OEA) no fue el único que golpeó a la dictadura que está acostumbrada a mantener todo bajo control; cuatro días después, el 27 de marzo, se conoció de la renuncia de Paul Reichler, asesor legal internacional de los Ortega-Murillo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
McFields, desde la OEA, reprochó la falta de garantías constitucionales, la situación de los presos políticos, el éxodo migratorio y la presión estatal contra los servidores públicos.