Francisco Guerrero, secretario de Fortalecimiento de la Democracia en la Organización de Estados Americanos (OEA), calificó la denuncia de Arturo McFields ante el organismo como un «hecho inédito». El delegado de la entidad regional aseguró que no habían presenciado que alguien en representación de un régimen tomara la palabra y expusiera los atropellos perpetrados por la administración que lo designó.
Los exdirigentes de la patronal y presos políticos Michael Healy y Álvaro Vargas estarían siendo llevados a juicio el próximo 28 de abril. El proceso se realizará a puertas cerradas en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Nuevo Chipote», donde se ha enjuiciado a decenas de líderes de la oposición y gremiales.
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El régimen les imputa a ambos empresarios el supuesto delito de «menoscabo a la integridad nacional» y, junto al exembajador Edgard Parrales, son los únicos que tienen pendiente su juicio político de la ristra de encarcelados en el contexto electoral.
Los presos políticos de «El Nuevo Chipote» desafiaron a la dictadura y, desde sus celdas, realizaron una protesta. Fuentes relataron a medios nacionales que, en horas de la mañana del lunes 28 de marzo, los opositores repitieron consignas, reclamaron su libertad, cantaron el Himno Nacional y gritaron el nombre del excomandante sandinista fallecido en condición de preso político, Hugo Torres. La demanda de los reos se escuchó en varios pabellones.
Por otro lado, este día, la organización Amnistía Internacional (AI) denunció que periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales de la salud «siguieron enfrentándose a un entorno hostil» en 2021 en Nicaragua, algunos de ellos, terminando en la cárcel «arbitrariamente».
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se abalanzó contra la Universidad Centroamericana (UCA) a través de la Asamblea Nacional. El diputado sandinista Gustavo Porras introdujo una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación y a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior con la que estarían eliminando a la UCA del Consejo Superior de Universidades (CNU).

Con ello, la universidad quedaría sin el 6 % constitucional, el que le ha sido cercenado tras las protestas de 2018. También incorporan a los rectores de las nuevas universidades estatales creadas con la «confiscación» de universidades privadas.
El Mecanismo Independiente de Reparación (MIR) del Fondo Verde para el Clima decidió iniciar una investigación de cumplimiento del proyecto Bio-CLIMA, que fue aprobado para Nicaragua con el objetivo de reducir la deforestación y restaurar las reservas Bosawás y Río San Juan; y que cuenta también con el financiamiento millonario del Banco Centroamericano de Integración Centroamericano (BCIE).
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El Mecanismo decidió llevar a cabo la investigación después de recibir la queja de que el proyecto dañaría a las comunidades indígenas y afrodescendientes, a las que no se les consultó y cuyas tierras estarían en riesgo de expropiación.
A su vez, este día, la Asamblea General de la Muskitia rechazó cohabitar con los llamados «colonos».
Según datos compartidos por el Ministerio de Salud, Nicaragua acumula 230 muertos por el COVID-19 y más de 18,400 casos confirmados desde que se detectó el virus en el país, en marzo de 2020. El Minsa informó que, en los últimos siete días, se registró 69 nuevos casos, lo que representa seis casos menos.
En cuanto a los decesos, el régimen insiste que, hace más de un año, la pandemia ha quitado la vida a una persona cada siete días. Los datos oficiales contrastan con los del Observatorio Ciudadano COVID-19 que reporta más de 5,900 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados al virus, así como 32,110 casos sospechosos de contagio.