Evitar la fiscalización o controles, a eso atribuyen la decisión de la administración de Daniel Ortega de expulsar al delegado residente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Thomas Ess. Organizaciones de derechos humanos alertan que el régimen pretende continuar cerrando los espacios e impedir a toda costa cuestionamientos a su gestión; marcada por la corrupción y la represión.
Carlos Guadamuz, abogado miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en entrevista para Ahora, el podcast de Artículo 66, señaló que «la dictadura no se encuentra cómoda, rechaza cualquier posibilidad que implique conceder un espacio que no esté controlado por ellos. De igual manera rechaza la dictadura cualquier expresión de fiscalización, tal como lo tiene el mandato especial para Nicaragua el CICR».
El defensor destacó que la misión del CICR es «brindar algún acompañamiento a las personas presas políticas y que esos hallazgos son presentados al Estado y sus recomendaciones con absoluta confidencialidad; entonces ni siquiera la dictadura tolera que pueda recibir algún tipo de recomendación, ni siquiera en el marco de la discreción, de la confidencialidad».
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Esa acción del régimen de Ortega-Murillo la tachó de «condenable porque socava uno de los mecanismos de protección o de los últimos mecanismos de protección, que cuentan las personas presas políticas y que en el contexto desde el 2018 han sufrido actos de tortura».

Cierre de espacios de fiscalización afianza control político
El defensor de derechos humanos explicó que la medida de la dictadura de cerrar espacios que fiscalicen el actuar de los funcionarios públicos, en especial de la Policía Nacional, está enfocada en seguir sometiendo a los presos políticos a tratos inhumamos, torturas, a una atención médica precaria, entre otras cosas.
La decisión del régimen Ortega-Murillo «está orientada en continuar la instrumentalización de la tortura, como una forma de control político, de control social, al no existir un mecanismo imparcial de protección que esté observando el cumplimiento de las normas internacionales para tratamiento a personas privadas de libertad».
Carlos Guadamuz remarcó que también el cierre de organizaciones no gubernamentales afianza el control político sobre las instituciones en Nicaragua.

Indicó que el CICR sigue operando en Nicaragua, sin embargo prevé que después de la expulsión de Thomas Ess la situación «pudiera erosionar y limitar las operaciones que tenga el comité».
«Es un riesgo y es una amenaza, está latente esta amenaza que vayan a cerrar quizás el único mecanismo que pueda existir para fiscalizar el tratamiento de las personas privadas de libertad», subrayó.
«En general, esta decisión viola el derecho de la población nicaragüense, particularmente de las personas presas políticas a estar protegidas contra actos de tortura por la ausencia de límites, por la ausencia de fiscalización en el marco de tratamiento a las personas privadas de libertad», destacó.
Guadamuz reiteró que desde el 2007, cuando Ortega retornó al poder, el dictador no permite el ingreso a las organizaciones de derechos humanos nacionales a los centros penitenciarios del país; solo la Procuraduría para los Derechos Humanos es la autorizada para visitar a los privados de libertad, al ser una entidad controlada por el Estado.
Por tanto, esa institución «no hace ningún rol de fiscalización, es un mecanismo más de represión, se le permite el acceso y esto resulta preocupante, que el Comité Internacional que si tal vez podrá ingresar a los sistemas penitenciaros preocupa mucho».
Los nicaragüenses estamos en total indefensión, estamos secuestrado por una pareja de criminales y sus pandillas de sicarios, hasta cuando la comunidad internacional se va apiadar de éste pueblo tan sufrido, hasta cuándo.