El Juzgado Especializado para Menores del Complejo Judicial de Estelí dictó prisión preventiva para el adolescente de iniciales J.P.O.A., de 17 años, señalado como el presunto responsable del femicidio contra Britney Olivas, quien estaba embarazada. Pese a que el imputado era el novio de la joven, el Ministerio Público de la localidad lo acusa de asesinato agravado.
El medio de comunicación Radio Estéreo Libre de Estelí informó que el cuerpo de la víctima, según el dictamen médico forense, presentaba 30 heridas provocadas con navaja, además de perforación en la cavidad torácica. El cadáver fue hallado en medio de unos árboles, en un predio baldío que es usado como basurero clandestino, en el sector conocido como La Llorona, en Estelí.
La víctima colaboraba como locutora en Radio Estéreo Libre y la Asociación Infantil «Tuktan Sirpi». El cuerpo fue encontrado el 12 de marzo, en una hondonada de la comunidad La Quinta, jurisdicción de Estelí; lugar al que se había desplazado desde La Concordia, Jinotega; para informarse sobre la oferta académica en esa ciudad.
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Según el testimonio de la familia de la adolescente, Olivas tenía seis semanas de embarazo. Indican que el acusado le había pedido que abortara, pero ella se negó.
La fiscal Karen Rodríguez Idiáquez pidió la medida cautelar de prisión preventiva para el presunto femicida alegando que «hay peligro inminente de evasión (de la justicia) por información que se tiene por parte de la Policía de que el adolescente acusado iba a salir del país antes de ser capturado».
Mientras tanto, el abogado defensor del acusado, Edgar Aráuz, solicitó prisión domiciliaria y la prohibición de salida del país para J.P.O.A., sin embargo la jueza María Elsa Laguna revocó la petición y remitió al acusado al Sistema Penitenciario de Estelí.
El Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua evitará que el femicida de la adolescente embarazada, Britney Olivas Herrera, sea enjuiciado por cometer un crimen de odio y condenado a cadena perpetua, según explicó a Artículo 66 la abogada Yonarqui Martínez.
«En el caso que sea menor de edad existe un procedimiento especial que estipula el trato que debe darse al acusado, como no revelar la identidad. También tiene un tiempo estimado en la pena, en caso de delitos graves, no puede exceder a los seis años», dijo Martínez en referencia al artículo 202 del Código de la Niñez y Adolescencia.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos afirmaron que han notado el alto nivel de violencia contra la mujer, especialmente en la Costa Caribe Norte y Sur. «Estamos ante una situación donde el Gobierno no está asumiendo su responsabilidad sobre esta situación de violencia contra las mujeres», lamentan.
Demandan que los responsables de los crímenes sean condenados apegados a la Ley 779. A la vez, manifestando que continuarán empeñadas en seguir visibilizando los femicidios y todas las formas de violencia machista que padecen las mujeres. «Vamos a continuar denunciando los crímenes de odio contra las mujeres», apuntó Católicas por el Derecho A Decidir.
