Nicaragua decidió retirar a su embajador en España, Carlos Midence, alegando «continuas presiones y amenazas injerencistas» sobre el nicaragüense, lo que según el régimen «hacen imposible el ejercicio de la labor diplomática».
Sin embargo, la Cancillería española confirmó al medio digital Despacho 505 que Daniel Ortega retiró a su embajador porque el país ibérico ya había advertido a Nicaragua de su posible despido.
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La administración de Pedro Sánchez indicó al medio que, dada la negativa del régimen de Ortega de aceptar el regreso a Managua a la embajadora española, María del Mar Fernández-Palacios, se anunció al diplomático nicaragüense que se aplicaría «el principio de reciprocidad», por lo que Ortega-Murillo tomaron la decisión de retirarlo inmediatamente de ese país.
El mandatario ilegítimo, Daniel Ortega, despojó de sus cargos diplomáticos al exguerrillero Orlando Tardencilla, en menos de tres meses de haberlo nombrado como representante del país en Ginebra, Suiza.
El exdiputado centroamericano ostentaba el rango de embajador ante la Oficina de la ONU y otros organismos internacionales, y ante la Organización Mundial del Comercio con sede en Ginebra. En dichos cargos nombró a Rosalía Concepción Bohórquez Palacios.
A su vez, la Presidencia publicó este día que Valdrack Jaentschke fue destituido como embajador de Nicaragua en Honduras el 28 de febrero, dos meses de haber sido colocado en esa posición. Esa fecha también fue «descabezado» como ministro consejero con funciones consulares en el país vecino.
El Ministerio de Gobernación suspendió temporalmente las funciones de la Asociación Española Nicaragüense, conocida como Casa España. El ocho de marzo, el ministerio notificó al club social privado la «suspensión temporal» del lugar, solicitando que los asociados registrados en Gobernación hasta antes de enero de 2017 «resuelvan las contradicciones y falta de entendimiento que existen desde esa fecha».
La asociación indicó que el cierre temporal de sus operaciones conlleva un gran perjuicio «sin que amerite razón y justificación alguna». El representante de Casa España señaló que la asociación goza de buena salud financiera y la reforma a los estatutos fue aprobada en 2019, y recibida por Gobernación en 2021.
Este jueves se reanudó el juicio político en contra de Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro, y los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vásquez.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que, el día anterior, el proceso fue suspendido a las 11 de la noche, con el objetivo de «agotar física y moralmente a los procesados».
A su vez, la Fiscalía pretende inculpar al analista político Edgard Parrales tergiversando las entrevistas que el exdiplomático brindó a medios de comunicación independientes en los últimos tres años. El fiscal del régimen acusa al preso político de formar parte de un supuesto «grupo delictivo organizado y estructurado con el propósito de cometer delitos graves en contra de la seguridad del Estado».
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Feministas de diferentes países de América y Europa exigieron la liberación de las 14 mujeres encarceladas por el régimen de Ortega. Durante una reunión virtual titulada «Tribunal internacional feminista por la libertad de las presas políticas en Nicaragua», las integrantes demandaron a la comunidad internacional ejercer mayor presión contra la dictadura para lograr, al menos, que se mejoren las condiciones carcelarias.
En el panel participó Zoilamérica Narváez Murillo, hija de Rosario Murillo, que hace 24 años denunció a su padrastro, Daniel Ortega, por violación sexual. La exiliada clamó por la liberación de las mujeres, pero resaltó que la cárcel no ha logrado «silenciarlas».