La acusación del fiscal auxiliar del Ministerio Público, Jorge Luis Arias Jarquín, a la que tuvo acceso Artículo 66, contiene como pruebas una serie de entrevistas a medios de comunicación independientes del exdiplomático y analista Político, Edgard Parrales, que brindó entre 2019 y 2021.
Con esas «pruebas», la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende demostrar la culpabilidad de Parrales por violar la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos y los artículos 410 y 412 de la Ley 641, Código Penal de Nicaragua.
El exdiplomático, detenido el 23 de noviembre de 2021, es señalado de los supuestos delitos de «propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y comunicación en concurso real con el delito de conspiración para el menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense».
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La Fiscalía asegura que Parrales «ha venido conspirando» contra la dictadura de Nicaragua con otras personas que están proceso de investigación. Además, que esto tendría como resultado «realizar actos tendientes a afectar la naturaleza del Estado».
«El acusado formó parte de un grupo delictivo organizado y estructurado con el propósito de cometer delitos graves en contra de la seguridad del Estado a sus ciudadanos», señala el fiscal Arias Jarquín.
La relación de hechos de la acusación señala que Parrales brindó una serie de entrevistas al periodista Sergio Marín, director del sitio web La Mesa Redonda y Canal 10.
En las intervenciones expresaba su opinión sobre las sanciones de Estados Unidos, las resoluciones de la OEA, la ilegitimidad de las leyes represivas y la cooptación de los Poderes del Estado, como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a las órdenes de la pareja dictatorial.
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Las pruebas testimoniales, que presentará la Fiscalía en el juicio contra el analista político, son los relatos de cinco oficiales de Policía que participaron en el allanamiento de la vivienda de Parrales y la elaboración de las actas de requisa, ocupación y detención.
Las pruebas periciales que presentará el Ministerio Público consisten en los testimonio de dos policías que elaboraron un informe técnico de inspección de la «escena del crimen»; informe de extracción y análisis de información a equipos electrónicos celulares y el informe preliminar de «fuentes abiertas», de los que no dan mayores detalles sobre su contenido.
El preso político fue enviado a arresto domiciliario el pasado 24 de febrero por su estado de salud que se agravó después de estar varios meses encerrado en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote», un centro de torturas, según denuncia de familiares de reos de conciencia.
