La justicia del régimen de Nicaragua condenó a diez años de prisión a los miembros del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) Róger Reyes y José Alejandro Quintanilla Hernández, por el supuesto delito de «conspirar para cometer menoscabo contra la integridad nacional».
Según la información de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), la sentencia se dictó en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Nuevo Chipote». Reyes y Hernández también fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos. El proceso estuvo a cargo del juez Félix Salmerón Moreno, del Quinto Distrito Penal de Juicio. Se desconoce si los reos de conciencia pasarán a un sistema penitenciario para cumplir su condena.
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El abogado Róger Reyes, defensor del aspirante a la Presidencia Félix Maradiaga, fue arrestado el 20 de septiembre de 2021. Sus familiares continúan preocupados por los trastornos psicológicos que el preso político está padeciendo, como la pérdida de memoria y el deteriorado estado de salud física que ha mostrado.
Fue apresado en las inmediaciones de la gasolinera Puma de la Pista Suburbana. El Ministerio Público, controlado por la dictadura de Daniel Ortega, acusó a Reyes, de 36 años, de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua».

A Hernández el régimen lo acusó por supuesta «traición a la patria». El secuestrado político, de 31 años, enfrenta algunas afectaciones en su salud, pero son tratadas con medicinas.
A finales del mes de agosto de 2021, el líder opositor fue reportado como desparecido. Después de 10 días de desaparición forzosa, sus familiares pudieron verlo en una visita de 30 minutos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
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La evidencia utilizada por el Ministerio Público en contra los presos políticos fueron unos vídeos grabaron previendo su detención y otros relacionados al proceso electoral en el que los acusados denunciaban las irregularidades, pero no pedían sanciones contra Nicaragua, afirmó la defensa de los encarcelados.
Hasta la fecha la justicia orteguista ha declarado culpable y sentenciado a una veintena de nuevos presos políticos, apresados entre mayo a noviembre del 2021 y solo cinco se encuentran en arresto domiciliario.