El Departamento de Estado de los Estados Unidos amplió su lista de funcionarios nicaragüenses sancionados. El nueve de marzo, agregó a los diputados sandinistas Gustavo Porras, Edwin Castro, Wálmaro Gutiérrez y Wilfredo Navarro; la presidenta del PLC, María Haydée Osuna; la jueza Karen Chavarría y los magistrados electorales Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell.
La administración de Joe Biden decidió aplicar la Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021, conocida como Ley Renacer, a esos operadores de Daniel Ortega y Rosario Murillo por «socavar los procesos democráticos» y estar vinculados a actos de de corrupción.
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El diputado Navarro es nuevo en la lista de «antidemocráticos» por su fidelidad al régimen de Daniel Ortega y rol en la subversión del proceso electoral en un contexto de crisis política que atraviesa Nicaragua. La comunidad internacional demandaba elecciones libres y transparentes en el que se respetaran los derechos de los ciudadanos, lo que no se cumplió.
Navarro es de los políticos nicaragüenses que ha cambiado de bando en correspondencia con sus propios intereses. Así como defendió en su momento al expresidente Arnoldo Alemán ahora es un férreo adulador del régimen orteguista. Ha sido activista y dirigente político, ministro, diputado y candidato a alcalde por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), jefe de campaña de Alemán y actualmente forma parte de la junta directiva de la Asamblea Nacional, después de jurar fidelidad al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Irónicamente, el diputado de 71 años aborrecía el sandinismo. En su momento, hasta llegó a señalar a esa agrupación política y a Daniel Ortega de quedarse con dinero proveniente del narcotráfico.
Otro de los nuevos rostros de la lista negra es la diputada y presidenta del PLC, María Haydée Osuna, quien se encargó de liderar la ilegalización del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Distintos sectores de la oposición la ubican como colaboradora del régimen, pues ha demostrado abiertamente su apoyo a las leyes y reformas discutidas en la Asamblea en beneficio del orteguismo.
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Osuna se quedó con el control del partido liberal tras una disputa interna en la que el Consejo Supremo Electoral la reconoció como presidenta nacional y representante legal, y promovió la destitución de la diputada María Fernanda Flores, esposa de Alemán y que ahora guarda arresto domiciliario por supuesta «traición a la patria».
Sancionados por segunda vez
Los fieles funcionarios Brenda Rocha, Cairo Amador, Lumberto Campbell y los diputados Gustavo Porras, Edwin Castro, Wálmaro Gutiérrez ya habían sido sancionados mediante la Ley Nica Act, en la que se condenaban los «actos de corrupción en los altos niveles del gobierno de Ortega, el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia».
Porras funge como presidente de la Asamblea desde 2017. Ha sido sancionado por Estados Unidos por ser arquitecto en jefe de las estrategias legales punitivas del gobierno de Nicaragua contra organizaciones civiles, en un esfuerzo por paralizar todo tipo de manifestación.
Por su parte, Wálmaro Gutiérrez fue señalado de abogar públicamente por la controvertida Ley de Agentes Extranjeros, que especifica que ciertas personas y entidades en Nicaragua que reciben fondos extranjeros deben registrarse y hacer informes mensuales detallados para el Ministerio de Gobernación, sino sus entidades serán canceladas.
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En cuanto a Rocha ha sido una ficha del sandinismo desde que Daniel Ortega retomó el poder en 2007. Fue procuradora auxiliar en el Caribe Norte, concejal en Managua y en la estructura del FSLN ha sido secretaria política del partido y coordinadora de los Gabinetes de la Familia en la colonia Centroamérica, donde ella reside desde 1982.
Por su parte, Edwin Castro y Lumberto Campbell le han sido fiel al partido sandinista desde sus inicios por lo que han sido piezas estratégicas en las ejecuciones económicas que han oxigenado a la dictadura, así como también en la creación de leyes represivas y «antidemocráticas» creadas por el oficialismo para perpetuar a Ortega en el poder.
Una de las sancionadas este nueve de marzo por Estados Unidos fue la jueza Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, Karen Vanessa Chavarría Morales, quien sobresalió el dos de junio de 2021, al girar orden de allanamiento y detención en contra de Cristiana María Chamorro Barrios, exdirectora de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro y aspirante presidencial de Nicaragua.
Desde el año 2018, la juez sandinista Karen Chavarría ha destacado por ser verdugo de varios presos políticos. Su nombre resonó en los medios de comunicación tras cometer el acto inhumano de mantener en prisión a la expresa política Ruth Matute, originaria de Masaya, después que fue operada de un reemplazo de marcapasos y presentaba un cuadro febril agudo, denunciaron los familiares.
En julio de 2018, Karen Chavarría sustituyó a la juez Indiana Gallardo, del Juzgado Noveno Penal de Managua, después que la dictadura removiera a Gallardo del cargo porque dejó entrar a tres familiares de unos jóvenes presos políticos de Matagalpa.
Desde entonces, Chavarría se ha encargado de procesar a unos 50 presos políticos. Entre ellos, Sergio Beteta, los hermanos Cristian y Santiago Fajardo, María Adilia Peralta, Jaime Navarrete, entre otros manifestantes de Diriamba, Estelí y la Isla de Ometepe. Chavarría Morales también se encargó de condenar y ordenar el allanamiento de la vivienda de la expresa política Irlanda Jeréz.
