La perseguida política del régimen de Nicaragua Victoria Cárdenas, esposa del preso político y aspirante a la Presidencia Juan Sebastián Chamorro, denunció en el 49 periodo de sesiones de las Naciones Unidas, que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a más de 170 nicaragüenses privados de su libertad por «amar a su país». Resaltó que los rehenes de la dictadura enfrentan condenas injustas e ilegales.
Durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la opositora reiteró la inocencia de su esposo, quién guarda prisión desde el ocho de junio de 2021.
Juan Sebastián Chamorro, el tres de marzo, fue condenado a 13 años de prisión, por supuestamente «traicionar a su patria». Al líder de la oposición le adjudican el delito de «conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional», conforme a la ley 1055, Ley de Soberanía.
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El reo político fue juzgado junto a los aspirantes a la Presidencia Arturo Cruz y Félix Maradiaga, el exdiputado José Pallais, el empresario José Adán Aguerri y las dirigentes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) Violeta Granera y Tamara Dávila.
Cárdenas reprochó que el régimen de Ortega no le permita al preso político comunicarse con ella o con su hija ni siquiera a través de una llamada telefónica. «Desde hace 272 días cuando él (Juan Sebastián Chamorro) fue sacado con violencia de nuestra casa, tuve que huir de Nicaragua desde ese día, ni yo ni nuestra hija hemos tenido ningún tipo de contacto con él, ni una sola carta, ni llamada telefónica, en casi nueve meses», dijo.
Señaló que desde su encarcelamiento, Chamorro solo ha podido ver a sus familiares en cinco ocasiones. Las visitas han estado «vigiladas» por efectivos policiales en todo momento. El preso político permanece cautivo en las celdas del Complejo Judicial Evaristo Vásquez, mejor conocido como «El Nuevo Chipote».
Denunció que «mi esposo Juan Sebastián como más de 170 presos nicaragüenses enfrentan prisión, condenas injustas e ilegales; únicamente por amar a su país».
La opositora enfatizó ante la ONU que todos los presos políticos de Ortega son inocentes y demandó su liberación inmediata e incondicional, la anulación de los procesos judiciales y la restitución de sus derechos.
Asimismo, se dirigió a la alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestándole que siga «interponiendo sus buenos oficios para evitar que la vida de los presos políticos siga corriendo riesgos y para que se respeten los derechos humanos de todos los nicaragüenses».
