El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) exige la libertad inmediata Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios al igual que la de los extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). La organización asegura que el juicio político que enfrentan estos ciudadanos carece de «evidencias de la comisión de ningún delito».
Mediante su cuenta en redes sociales, la organización defensora de derechos humanos denunció que este lunes, siete de marzo, se realiza la «tercera sesión de tortura judicial contra exdirectivos y ex trabajadores de la Fundación. Ya los testigos han demostrado que no hay evidencia de la comisión de ningún delito. ¡Todos tienen que ser liberados!».
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Los hermanos Chamorro Barrios son acusados por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida y lavado de dinero, bienes y activos. Los otros imputados son los extrabajadores del área contable de la Fundación, Marco Fletes y Walter Gómez, así como el chofer de Cristiana, Pedro Vásquez.
La acusación también incluye al periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana; los extrabajadores de la FVBCH Guillermo Medrano, Lourdes Arróliga y Ana Elisa Martínez. Los cuatro acusados que no están detenidos se encuentran en el exilio ante la inminente amenaza de captura en su contra.
En reiteradas ocasiones, el Cenidh ha afirmado que la detención de los hermanos Chamorro se trata de un «caso fabricado, lleno de subterfugios y nulas investigaciones, ha demostrado la falta de independencia del Poder Judicial, sustituido por un grupo de personas sometidas y subyugadas a cumplir órdenes precisas de la dictadura, que sigue hilando sus mentiras e involucrando a más gente en delitos inexistentes, a manera venganza política».
Durante el primer día de juicio, el tres de marzo, el Cenidh denunció la excesiva presencia de policías en las cercanías y las afueras del Complejo Policial «Evaristo Vásquez», afirmando que se trataba de «una acción intimidatoria» de parte del régimen.
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«No satisfechos con la ilegalidad de realizar un juicio en una cárcel, ahora también han militarizado todo el perímetro del complejo policial “El Chipote” de forma intimidatoria. Los delincuentes son el régimen Ortega Murillo no los presos políticos», escribió el organismo defensor.
Después que Cristiana Chamorro Barrios expresó públicamente su intención de ser candidata presidencial y competir contra Daniel Ortega en las elecciones generales de noviembre de 2021, la dictadura movió todas sus fichas y el aparato estatal para abrir una investigación contra la periodista y la fundación ya cerrada para no someterse a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
