La aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios, de 68 años, enfrentó este día su juicio político por presunto lavado de dinero, bienes y activos y apropiación y retención indebida; gestión abusiva y falsedad ideológica.
La opositora, quien era la favorita para ocupar la Presidencia de la República según las encuestas, fue trasladada de su casa a la Dirección de Auxilio Judicial donde se realizó el proceso a puertas cerradas. Junto a Cristiana fueron también juzgados su hermano, el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro, y los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Walter Gómez y Marco Fletes.
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El régimen también incluyó en la lista a Pedro Vásquez, conductor de la cerrada fundación, señalado de presunta cooperación necesaria del delito de lavado de dinero.
La justicia de Daniel Ortega designó para este fin a Luden Martín Quiroz García, juez Noveno Distrito Penal de Juicio. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó el juicio de «farsa judicial», alegando que todos son inocentes y pidió a las autoridades que «libere de inmediato» a los presos políticos. Denunció, además, que el régimen «militarizó» el lugar al colmar las instalaciones de efectivos policiales.
A Cristiana, quien tiene arresto domiciliario, la obligaron a comparecer vestida con un uniforme azul carcelario y amarrada con bridas de plástico. «Condenamos ensañamiento contra la presa política Cristiana Chamorro, fue llevada de su casa al Chipote, donde la metieron a una celda, le obligaron a usar uniforme azul y le pusieron esposas de plástico. Así la presentaron en la farsa judicial», denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos a través de Twitter.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió con los cancilleres de Costa Rica, República Dominicana y Panamá, naciones que asumieron una Alianza para el Desarrollo en Democracia en la región. Durante el encuentro, el representante de la administración de Joe Biden destacó el apoyo que brindan al pueblo de Nicaragua «en su lucha por restablecer la democracia y proteger sus derechos humanos de los abusos del régimen de (Daniel) Ortega y (Rosario) Murillo».
El ministro de Exteriores de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós, expresó recientemente la «preocupación» de su país ante los juicios en contra de más de 40 opositores nicaragüenses porque «constituyen un nuevo golpe a la institucionalidad».
El senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, planteó la necesidad de revisar el Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA) que mantienen con países como Nicaragua, Venezuela y El Salvador tras el alineamiento de estos tres países con Rusia y la invasión militar a Ucrania.
El legislador manifestó que «eso tiene una consecuencia» y no por alinearse con un país en específico, sino porque la misma represión que aplica Rusia también la aplican los mandatarios de estas naciones de la región. Menéndez añadió que «esto no es aceptable dentro del orden internacional» y consideró evaluar la política en general de Estados Unidos con los gobiernos que han expresado su respaldo al presidente ruso, Vladimir Putin.
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Nicaragua se encuentra «en picada» en la lista democrática mundial, confirma el reciente informe de la organización estadounidense Freedom House. El documento titulado «Libertad en el Mundo 2022» detalla la represión del régimen de Daniel Ortega en contra de partidos políticos de oposición, además de sus elecciones fraudulentas, persecución a periodistas, censura y acoso a ciudadanos.
La organización en defensa de la democracia señala que «la situación de los derechos políticos y las libertades civiles empeoran a diario en Nicaragua. (Y) con la represión creciendo, el régimen no muestra signos de parar o cambiar», por lo que urge acciones para la protección de los derechos humanos fundamentales en el país.
La presa política Samantha Jirón, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, fue declarada culpable por los supuestos delitos de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y propagación de noticias falsas.
El fallo fue leído por el juez Melvin Leopoldo Vargas García, del Juzgado Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua, en una audiencia que inició a la 8:30 de la mañana y culminó a las 4 de la tarde del día miércoles, dos de marzo.
La Fiscalía la inculpó utilizando como supuestos testigos a tres policías y criminalizando las entrevistas que la activista brindaba a medios de comunicación independientes. Tras el proceso, la joven de 22 años «le recalcó al juez que es inocente de todos los delitos que se le están imputando». El régimen pidió contra ella 8 años de cárcel.