El dictador Daniel Ortega, este martes 22 de febrero, hizo oficial la reestructuración del consejo consultivo de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI).
Dentro de la directiva mantiene a su hijo Laureano Ortega, asesor de la Agencia de Promoción de Inversiones y exportaciones (PRONicaragua); y al comisionado Francisco Díaz, consuegro presidencial y director de la Policía Nacional, ambos sancionados por Estados Unidos, Unión Europea, Suiza y Canadá.
Según el Acuerdo Presidencial 17-2022 publicado en La Gaceta, Diario Oficial, la administración de Ortega detalla que entre los integrantes estarán Juan Emilio Rivas Benítez, director del Ministerio de Gobernación (MIGOB); Sonia Castro, asesora en temas de salud para la Presidencia; Shantanny Anasha Campbell Lewis, codirectora general y administrativa del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR); Ricardo José Somarriba Reyes, director ejecutivo del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA).
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El consejo consultivo también lo conforman el general Spiro José Bassi Aguilar, jefe actual de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua; Eddy Francisco Medrano Soto, titular de la Dirección General de Servicios Aduaneros y en representación de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur se encuentra Nadezhda Esperanza Fenly Mejía, tesorera en el Centro para la Autonomía y el Desarrollo de Pueblos Indígenas (Cadpi), y Arturo Rene Hooker Ka in, exembajador de Nicaragua en Jamaica por la Costa Caribe Norte.
El sector privado se encuentra representado en el Consejo Consultivo por José Tomás Valdez Rodríguez, lván José Díaz García y José Jorge Mojica Mejía, forman parte de este consejo como sector privado.
El Consejo Consultivo de EAAI tiene como propósito emitir aportes en materia de programas, proyectos y estudio relacionados con el desarrollo de los aeropuertos. Según la reforma de la Ley de Aeropuertos, el Consejo consultivo debe estar integrado por representantes de sector privado, instituciones estatales y representantes de la Costa Caribe.
Asimismo, el régimen también dio a conocer a través del acuerdo presidencial 16-2022 los nombramientos en la junta directiva de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI). Ubicó como gerente general a Aleyda Isabel Molina Lacayo, encargada de coordinar; a Carlos Danilo Salazar Sánchez, director general del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, como secretario; Carlos Selva Hernández, asesor de mercados de capitales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Luis Roberto Cañas Novoa, viceministro de Gobernación, y William Camilo Ramírez Avendaña, de la empresa privada.
¿Quiénes son estos funcionarios orteguistas?
Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, actualmente funge como asesor de inversiones para el gobierno de su padre y dirige la agencia estatal PRONicaragua, un ente descentralizado que busca generar crecimiento económico y creación de empleos en el país a través de la promoción de «inversiones de calidad».
Ortega Murillo está sancionado por la Unión Europea, Suiza y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por desempeñar «un papel central en la supresión del pluralismo político y en la desarticulación definitiva de la democracia nicaragüense».
Francisco Díaz, director de la Policía Nacional y consuegro de Ortega, es señalado como unos de los principales perpetradores a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y uno de los responsables de aniquilar el profesionalismo de la institución para convertirla en un órgano partidario al servicio del régimen.
Tanto la Policía Nacional como institución y Díaz están sancionados por la UE y Estados Unidos; por reprimir, hostigar y encarcelar al pueblo nicaragüense.
Juan Emilio Rivas Benítez, director del Ministerio de Gobernación (Migob), ha sido una ficha importante para la administración de Ortega, a través de Rivas ha negado el ingreso de personas opositoras al país y restringido la salida de sus propios funcionarios de Nicaragua.
También, el director de Migración y Extranjería se ha encargado de certificar las nacionalidades nicaragüenses otorgadas a aliados y protegidos del régimen, como la de el expresidente salvadoreño Mauricio Funes, quien es acusado de «corrupción» en su país.
Sonia Castro fue nombrada ministra asesora de la Presidencia el 26 de julio de 2019, cargo que el Gobierno «sacó de la manga» al verse imposibilitado de mantenerla como ministra de Salud, después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyera en la lista de sancionados al señalarla de ser partícipe de la represión y negar la atención médica a opositores.
Castro fue sancionada por Estados Unidos y Canadá en junio de 2019, señalada de ser cómplice de la dictadura durante el estallido social iniciado en abril de 2018, que dejó más de 325 personas asesinadas a manos del órgano represivo de Daniel Ortega y grupos paramilitares.
Eddy Francisco Medrano Soto, titular de la Dirección General de Servicios Aduaneros; en el año 2010, fue demandado por abuso de poder. El funcionario orteguista despidió «arbitrariamente» a Gema de los Ángeles Galo Aburto, colaboradora de la DGA.
Arturo Rene Hooker Ka in, en 2010 era agregado administrativo con funciones consulares, rango de ministro consejero, en la Embajada de Nicaragua en Jamaica y fue removido de su cargo en 2013.
José Tomás Valdez Rodríguez, uno de los seguidores de Ortega que en 2019 junto a su hermano Rafael Valdez profanaron el interior de Catedral Metropolitana de Managua al ingresar con pancartas y gritos contra los obispos y sacerdotes al recinto religioso.
Los orteguistas entraron con insolencia al templo gritando: «La Iglesia somos todos» y ofendieron a las religiosas misioneras de Cristo Rey que custodiaban el presbiterio de la Catedral, gritando consignas de «fariseos» e “hipócritas” contra los obispos y sacerdotes.
José Jorge Mojica Mejía, es conocido como testaferro de la familia presidencial. El subordinado del régimen esta sancionado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos y Canadá.
Según EE.UU., Mojica «actúa como representante personal de Ortega, creando compañías fantasmas para lavar dinero y ocultar su propiedad y ganancias ilícitas».
