El sector construcción se muestra inconforme con el «escaso» incremento del salario mínimo en Nicaragua. Ese rubro percibirá un aumento del 7 %. El sindicalista Lino Salazar denunció que ese porcentaje viola la Ley 625 «Ley del Salario Mínimo», pues asegura que únicamente se trató de un «acuerdo de afines al gobierno (de Daniel Ortega)».
«La (ley) 625 establece que para determinar que cosa es un nuevo salario mínimo se debe tomar en cuenta la inflación, el crecimiento económico y el costo de la canasta básica, esta vez el 7.21% de inflación lo informó el Banco Central de Nicaragua (BCN), no nosotros. Dijo el BCN que el crecimiento del año pasado (2021) fue del 8 %, en pocas palabras el techo para determinar el salario mínimo era del 16 %», afirmó el sindicalista.
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Salazar responsabiliza a los negociantes de la mesa salarial de «amarrar» una cantidad escasa que «solo beneficia a los empleadores». Afirma que el sector construcción cuestionó y rechazó esta decisión, pero que a los firmante «les importó más el consenso que lo que establece la ley». El salario mínimo para el rubro de construcción, establecimientos financieros y seguros está estipulado en 10,571 córdobas, ya incorporado el aumento.
Salazar afirma que su gremio no acepta esta decisión, lo que significa que «en el caso del sector construcción los ayudantes van a amanecer con un salario por hora de 44.04 córdobas, pero en la práctica ese 7 % no lo van a recibir debido a la reducción del Impuesto sobre la Renta (IR), gran parte de este aumento se lo llevará el impuesto», manifiesta Salazar.
En la actualidad, la canasta básica ronda los 16,235.38 córdobas, lo que significa que para que un ciudadano pueda cubrir todas sus necesidades tendría que ganar «500 córdobas por día y 67 córdobas por hora para para poder hablar de la canasta básica, pero ese es un sueño parece», cuestionó el sindicalista que a su vez llama al sector construcción a tratar la situación, pues le parece «injusto que los colaboradores sigan ganando eso».
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Igualmente, instó al gremio de trabajadores a «levantar la frente en alto, pues siempre hemos defendido los derechos de los trabajadores y no vamos a estar nosotros haciéndonos los dormidos ante esta situación, y ayudar para que esto pueda hacerse sentir entre los empresarios del sector construcción construcción que muchos de ellos tienen grandes trabajos, pero quieren seguirle pagando salario de miseria a los trabajadores de la construcción».
Tras la crisis de abril 2018, en los años siguientes, la cifra ha sido establecida en una mesa de negociación dominada por afines al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la ausencia del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). El actual «incremento» no está apegado a la fórmula que establece la Ley de Salario Mínimo: inflación + crecimiento económico y tampoco reduce la brecha entre el salario y el costo de la canasta básica.