La Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante FSLN, ilegalizó a 14 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas, reconocidas universidades. Los 75 diputados sandinistas cancelaron las personalidades jurídicas de la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI; la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, Ucatse; la Asociación Nicaragüense de Estudios Humanitarios, UNEH; la Uponic, y otras asociaciones ligadas a la Iglesia católica.
Estudiantes organizados y defensores de derechos humanos se pronunciaron en rechazo a la cancelación de las personerías jurídicas de las asociaciones y fundaciones universitarias.
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Las organizaciones estudiantiles Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Movimiento UNA, Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses (AJEN) y Movimiento Estudiantil 19 de abril condenaron el hecho señalando que el régimen pretende hegemonizar la educación superior.
Por su parte, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más indicó que son decisiones inconstitucionales.
A partir de ahora, el Consejo Nacional de Universidades (CNU), al servicio de la dictadura, será la encargada de dirigir el futuro de las instituciones de educación superior que fueron canceladas este día. Mediante un comunicado, el CNU asegura que garantizará la continuidad académica de las universidades Ucatse, UPOLI, Paulo Freire, UPONIC, y la UNEH.
Semanas anteriores, el régimen también despojó de manos privadas a la Universidad Hispanoamericana (Uhispam); el CNU la tomó y ahora es el nuevo administrador de la facultad junto con la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), reconocida por estar al servicio del régimen.
La justicia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo declaró culpable a la opositora y miembro de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), anteriormente MRS, Ana Margarita Vijil. La opositora enfrentó un juicio maratónico que inició este miércoles y culminó en horas de la noche.
«El día de hoy 2 de febrero de 2022 se realizó un juicio ilegal e ilegítimo en contra de mi hija Ana Margarita Vijil, en el cual se le condenó por delitos que no ha cometido y que le imputan ilegalmente. Hoy el régimen la declaró culpable por su labor de defensa de derechos humanos, por soñar y trabajar para una Nicaragua en libertad y con justicia», informó a través de un Facebook Live María Josefina Gurdián, conocida como “Pinita”, madre de la opositora.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) elevó una denuncia internacional en la que rechazan y condenan los juicios políticos iniciados el primero de febrero en el penal de «El Nuevo Chipote».
La organización asegura que con el veredicto de culpabilidad contra los jóvenes Muammar Vado y Yader Parajón quedó en evidencia que el Poder Judicial se comporta como «el instrumento más cruel y cobarde de la represión, actúan con premeditación y apartándose de los preceptos legales que los rigen».
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La abogada Antonia Urrejola, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y nombrada como futura canciller de Chile con el gobierno de Gabriel Boric llamó a la liberación de los presos políticos de Nicaragua y denunció los juicios políticos por considerarlos sin independencia judicial ni bases legales.
Por su parte, Gabriel Boric, el mandatario electo de Chile, lamentó el retroceso democrático que ha experimentado Nicaragua con la llegada del régimen de Daniel Ortega al poder.